Cuernavaca.- El Poder Judicial de Morelos atraviesa por una de sus etapas más críticas debido al abandono institucional y la falta de presupuesto. Javier García Tinoco, representante del Órgano de Administración Judicial, admitió que la institución opera en condiciones precarias tras décadas de omisiones.
El funcionario estatal reveló que el rezago en infraestructura es alarmante. Actualmente, se trabaja con equipos tecnológicos y mobiliario que no han sido renovados en 20 años, lo que dificulta la impartición de justicia pronta y expedita para los morelenses.
Atlacholoaya: El símbolo del abandono judicial
Uno de los puntos más críticos se localiza en el complejo judicial de Atlacholoaya. García Tinoco detalló que, de las 32 salas de audiencia existentes, solo 5 estaban habilitadas cuando recibieron la administración, dejando prácticamente paralizada la actividad en dicho recinto.
Para revertir esta situación, las autoridades judiciales ya preparan una licitación pública. El objetivo es rehabilitar y equipar los espacios de manera gradual, buscando que los jueces cuenten con las herramientas mínimas necesarias para desahogar los procesos penales y civiles pendientes.
Explosión de casos y crisis laboral
La operatividad del Poder Judicial se ha visto rebasada no solo por la falta de cemento y cables, sino por el volumen de expedientes. En el último año, la materia laboral experimentó un crecimiento del 300 por ciento, pasando de mil a 3 mil casos activos.
Ante este panorama, el Órgano de Administración plantea fortalecer la conciliación en las áreas civil, familiar y laboral. Se busca que menos conflictos lleguen a los tribunales para evitar el colapso total de un sistema que ya se encuentra al límite de su capacidad humana.
Sueldos y pensiones: El ajuste que viene
García Tinoco no evadió la polémica sobre los salarios "dorados". Admitió que existen funcionarios judiciales con percepciones superiores a las de la titular del Poder Ejecutivo estatal. Estos sueldos ya fueron detectados y serán ajustados conforme a la nueva normativa, aunque respetando los derechos de los juzgadores actuales.
Finalmente, sobre el tema de las pensiones, se informó que buscan homologar criterios con el sistema federal. La propuesta incluye establecer un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para las jubilaciones, decisión que quedará en manos de los diputados del Congreso del Estado.