Cuernavaca, Morelos.- Ante la incertidumbre que genera recibir una notificación o llamada de una autoridad ministerial, el abogado penalista Eduardo Núñez recomendó mantener la calma, pero atender el requerimiento con absoluta seriedad, ya que la ley obliga a comparecer cuando así lo solicita la autoridad competente.
Durante una entrevista concedida a Diario de Morelos Informa, en La 99, el especialista explicó que estas notificaciones pueden realizarse mediante un documento oficial emitido por el Ministerio Público o a través de una llamada de la Policía de Investigación Criminal.
Cómo verificar un citatorio y evitar riesgos
El experto señaló que lo primero que debe hacer la ciudadanía es verificar la autenticidad del citatorio para prevenir riesgos de seguridad. Asimismo, es necesario confirmar datos clave como la identidad de la autoridad, el motivo exacto de la cita, la fecha, el lugar y la calidad en la que se comparece, ya sea en calidad de testigo o de persona investigada.
Núñez aclaró que contar con la asesoría de un abogado no implica culpabilidad, sino que representa una medida fundamental de prevención jurídica que permite conocer el alcance del procedimiento y prevenir cualquier tipo de abuso.
Derechos fundamentales ante la autoridad ministerial
El abogado advirtió que, aunque una persona sea citada inicialmente como testigo, sus declaraciones pueden tener consecuencias legales e incluso derivar en una investigación en su contra. Por este motivo, recomendó que la defensa solicite previamente acceso a la carpeta de investigación y evite improvisaciones durante la comparecencia.
En caso de acudir como investigado, recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales garantiza derechos fundamentales indispensables, tales como guardar silencio sin que esto implique una admisión de responsabilidad, entrevistarse en privado con su defensor y acceder a la información del expediente.
Respecto a la participación de menores de edad, subrayó que los niños y adolescentes deben contar siempre con el acompañamiento de su representante legal y una persona de confianza, además de ser atendidos por ministerios públicos especializados. Finalmente, se puso a disposición el teléfono 55 8022 031 para brindar orientación jurídica en materia penal.
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