Cuernavaca.- Los engranajes políticos en el estado comenzaron a moverse para definir el futuro de la atención humana y legal. El Congreso local y el Poder Ejecutivo iniciaron las conversaciones formales para concretar la designación del próximo comisionado de la Comisión de Víctimas en Morelos.
El movimiento en la estructura gubernamental se da ante la inminente salida de la actual titular, Penélope Picazo. Su periodo al frente del organismo descentralizado concluye de manera oficial el próximo 1 de julio, lo que obliga a acelerar el proceso.
Alianzas para el nuevo nombramiento
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rafael Reyes Reyes, confirmó que sostendrán reuniones clave con el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos. El fin es trazar la ruta crítica para lanzar el concurso por la vacante.
Debido a que la Comisión de Víctimas en Morelos se encuentra bajo el organigrama operativo de la Secretaría de Gobierno, la coordinación con el encargado de la política interna es el primer paso obligatorio que marca la legislación vigente.
Buscan terna de especialistas
El legislador morelense detalló que los lineamientos jurídicos obligan a lanzar una convocatoria abierta y transparente. Esta invitación estará dirigida de manera prioritaria a los especialistas del derecho y a los miembros activos de los colectivos de búsqueda.
El objetivo final de este reclutamiento es integrar una terna con los tres mejores perfiles ciudadanos. Los candidatos seleccionados deberán demostrar una amplia experiencia en el acompañamiento de personas afectadas por la violencia y el delito en la región.
La decisión final del Congreso
Una vez que el Poder Ejecutivo valide las propuestas ciudadanas, el paquete con los tres nombres será enviado de regreso a la sede del Poder Legislativo. Ahí, la Junta de Coordinación Política revisará los expedientes a fondo.
Finalmente, el dictamen subirá al Pleno del Congreso de Morelos, donde los diputados votarán para elegir al nuevo titular. Reyes Reyes aseguró que el nombramiento debe quedar listo antes del límite del 1 de julio para evitar un vacío institucional.