Cuernavaca.— El panorama político en la entidad se intensifica. El Gobierno de Morelos rechazó de manera contundente las recientes acusaciones de una presunta persecución política lanzadas por Ulises Bravo, expresidente de Morena en el estado. La administración estatal aseguró que no interviene en los procesos judiciales y sostuvo que los señalamientos del exdirigente buscan desviar la atención de la opinión pública.
Para entender el contexto, Bravo —figura clave en la política local y hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco— enfrenta un proceso legal derivado de denuncias en el ámbito familiar. De acuerdo con las autoridades actuales, estas declaraciones públicas corresponden a un asunto que debe resolverse de manera estricta en el terreno legal y no en el debate político.
El Ejecutivo se deslinda del caso judicial
Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, afirmó que la administración de la gobernadora Margarita González Saravia actúa bajo principios de imparcialidad. El funcionario descartó cualquier tipo de injerencia o "línea" hacia las decisiones tomadas por el Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado.
Para frenar las especulaciones, García Chávez aclaró los siguientes puntos:
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Sin contacto con magistrados: Desmintió categóricamente haber tenido comunicación con el magistrado Rubén Brito para agilizar los procedimientos legales en contra del exdirigente partidista.
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Falta de pruebas: Enfatizó que las acusaciones emitidas por Bravo no cuentan con sustento ni con los elementos probatorios necesarios para sostenerse públicamente.
Aseguran que es una cortina de humo
El jefe de la Oficina de la Gubernatura explicó que el proceso legal que enfrenta el político no fue iniciado por el actual Gobierno del Estado de Morelos, sino que proviene de un particular que busca justicia, por lo que las autoridades ministeriales definirán la situación conforme a derecho.
La postura oficial: Para la gestión estatal, este intento de victimización forma parte de una estrategia para otorgarle un tinte político a un problema meramente penal.
En ese sentido, se reiteró que la instrucción de la gobernadora es clara: no se protegerá a ningún ciudadano ni se otorgará impunidad, sin importar el cargo ocupado en el pasado o en el presente.
"Quien la hace la paga en Morelos"
El funcionario estatal lanzó una advertencia clara al señalar que la directriz en la entidad es el fortalecimiento de las instituciones locales.
“Quien la hace la paga en Morelos”, expresó de forma enérgica García Chávez, asegurando que la impartición de justicia no se va a politizar bajo ninguna circunstancia.
Finalmente, el Poder Ejecutivo insistió en que mantendrá un absoluto respeto a la autonomía de los jueces y magistrados que llevan el expediente. Serán dichas instancias las encargadas de resolver el caso con base en las pruebas presentadas por las partes afectadas y en el estricto marco de la ley.
Este desenlace no solo definirá el futuro político de Ulises Bravo, sino que se convierte en la primera gran prueba de fuego para la promesa de transparencia y autonomía judicial de la nueva administración, un tema crucial para la confianza de los ciudadanos de Morelos en sus instituciones.
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