La ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, en la LIII Legislatura, Hortencia Figueroa Peralta, podría pisar la cárcel en los siguientes meses, una vez que el Juez de Control lleve a cabo el desahogo de la audiencia intermedia y la final del proceso en su contra. Por ahora, la emergencia sanitaria por el COVID-19 impidió que el proceso penal al que está sujeta la ex legisladora, solicitado por los actuales representantes del Poder Legislativo, continuara su curso.
El pasado 7 de mayo estaba previsto que se llevara a cabo la audiencia intermedia, pero debido a las medidas que fueron adoptadas en el sistema judicial por la emergencia sanitaria, ésta no se realizó y la fecha de su reprogramación está pendiente, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Figueroa Peralta fue vinculada a proceso en julio de 2019, dentro de la causa penal JC/323/2019, junto con otros ex diputados, entre éstos, quien fuera presidenta del Comité de Vigilancia, Silvia Irra Marín, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado de 23.7 millones de pesos de las cuotas de los trabajadores del Congreso, que no fueron enterados al Instituto de Crédito.
Pero adicionalmente, Figuera Peralta fue señalada por los actuales representantes del Congreso, en la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2018, de haber distraído más de 9 millones de pesos en beneficio propio y de terceros (otros ex diputados, en su mayoría del PRD), en las últimas horas en las que fungió como presidente de la Mesa Directiva. Por ello, el día que fue vinculada a proceso, la Jueza le prohibió salir del país y le impuso la medida de acudir a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), localizada en Atlacholoaya.
Para evitar que fuera vinculada al proceso señalado, la también ex alcaldesa de Jojutla, promovió el amparo 1203/2019, el cual, ante el peso de las pruebas en su contra, le fue negado a finales de noviembre, con lo que se confirmó que continuaba sujeta al mismo.
El año pasado... En julio de 2019, la ex diputada y ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, fue vinculada a proceso por el delito de peculado y le impusieron medidas cautelares que le impedían abandonar el país.
STAFF DDM