Cuernavaca.- Escuelas, dependencias públicas y empresas de Morelos podrían estar obligadas a verificar que las personas que contraten para trabajar directamente con menores de edad no se encuentren inscritas en el Registro Estatal de Agresores Sexuales, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Andrea Gordillo Vega.
La propuesta busca reforzar el funcionamiento del registro y establecer controles de contratación para impedir que personas con sentencia firme por delitos sexuales ocupen puestos que impliquen contacto directo con niñas, niños y adolescentes.
Entre los cambios planteados se encuentra que la Fiscalía General del Estado (FGE) asuma la administración de la base de datos y la actualice en un plazo máximo de 48 horas después de que exista una sentencia firme.
Escuelas tendrían que revisar antes de contratar
La iniciativa establece que instituciones educativas, dependencias públicas y empresas particulares relacionadas con áreas como deporte, salud y cultura deberán verificar la situación de sus aspirantes antes de incorporarlos a puestos con contacto directo con menores.
En el sector público, las instituciones podrían realizar directamente la consulta al registro. Para escuelas y negocios particulares se plantea solicitar una constancia de no inscripción, expedida por la Fiscalía, que contaría con un código QR para verificar su autenticidad y tendría una vigencia de 30 días.
La medida abarcaría puestos como docentes, directivos, choferes, entrenadores, psicólogos y voluntarios, además de otras actividades que impliquen convivencia o contacto directo con niñas, niños y adolescentes.
Gordillo Vega sostuvo que la propuesta no pretende establecer una prohibición general para trabajar ni aplicar un doble castigo a las personas sentenciadas, sino incorporar mecanismos específicos de prevención en espacios donde se atiende a menores de edad.
El proyecto también contempla trasladar a la Fiscalía la base de datos existente y establecer un periodo de hasta 180 días para que autoridades, instituciones educativas privadas y otros establecimientos involucrados adecuen sus reglamentos y procedimientos de contratación.
La iniciativa deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de que las medidas planteadas puedan convertirse en obligaciones aplicables en Morelos.
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