Cuernavaca.- El Partido Encuentro Social (PES) busca devolver al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGEM) la facultad de iniciar acciones legales contra los gobiernos u órganos que retengan aportaciones de los trabajadores y no las enteren, tal como ocurrió con la LIII Legislatura que dejó de entregar más de 23 mdp.
En la sesión de ayer, la representante del PES en la actual legislatura, diputada Mirza Zavala Zúñiga, presentó una iniciativa de reforma para reponer la fracción XV al artículo 18 de la Ley del ICTSGEM, la cual le permitirá recuperar la capacidad institucional de presentar denuncias y formular querellas, entre otros actos jurídicos.
Esta facultad fue eliminada, precisamente por la LIII Legislatura y dejó a la libre interpretación las medidas que el Instituto puede llevar a cabo cuando los entes obligados a enterar cuotas -sean los poderes del Estado u otras entidades públicas, que se hayan comprometido mediante convenio-, incumplan con sus obligaciones, señaló la legisladora desde la tribuna.
Desde su punto de vista, lo anterior “abrió la posibilidad de una peligrosa práctica de incumplimientos sistemáticos que pueden atentar contra de los intereses de los trabajadores, objeto y razón de ser del referido Instituto”, apuntó.
De hecho, Zavala Zúñiga observó que cuando una autoridad deja de enterar las aportaciones en un plazo máxima de 30 días a la fecha de la nómina, son los trabajadores lo que sufren la consecuencia directa con la suspensión de los servicios a los que tienen derecho ante el Instituto, y no quién en realidad incumplió con su obligación de enterar los recursos.
Reforma abusiva
La reforma de 2016 permitió a la vicepresidenta del Congreso en la LIII Legislatura, Hortencia Figueroa Peralta, no enterar el importe de dinero retenido a los trabajadores por concepto de cuotas del ICTSGEM, correspondiente a 29 quincenas, sin que la institución pudiera proceder legalmente, en caso de que así lo hubiera considerado.
El proceso legal que la ex diputada enfrenta y por el que está vinculada corresponde al delito de peculado que la Fiscalía Anticorrupción le fincó una vez que dejó el cargo y la siguiente legislatura presentó las denuncias correspondientes por el problema financiero detectado.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ antonieta.sanchez@diariodemorelos.com
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