Cuernavaca.- En su visita al Congreso, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, confirmó que el Poder Ejecutivo, a través de su representación legal, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, como máxima autoridad en el país, se pronuncie sobre la legalidad de las acciones de los diputados.
El funcionario dijo: “Ojalá que la Corte nos dé luz para saber cómo y a quién dirigirnos en el Congreso, para cumplir la función que a cada uno de los poderes le corresponde”.
El Ejecutivo habría promovido el recurso en calidad de tercero perjudicado, debido a que teme que se registre una parálisis legislativa y que los temas que le interesan, como por ejemplo la aprobación de iniciativas preferentes, no tengan el proceso que corresponda.
“Si promovimos la controversia constitucional, es porque tenemos que tener la certeza jurídica de cómo se está llevando el proceso legislativo, y para saber que va a terminar en buen puerto, y que no va a ser atacada ante la Corte”, explicó el secretario.
Indicó que, por esta situación, el Ejecutivo no ha remitido al Congreso las iniciativas con carácter preferente que puede presentar al Congreso al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
Lo que se espera de la Corte es que precise a qué grupo político le asiste la razón, de los dos en los que se dividió la LV Legislatura, después del 12 de diciembre, cuando el G11, integrado por los diputados del PAN, PRI, NA y MC aprobaron un acuerdo por el que destituyeron a los del G8, Morena, PT, RSP y PES, de las comisiones que encabezaban, y a la coordinadora de Morena, de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, pues ambos llevan a cabo acciones “legales” de forma paralela.
Ojeda Cárdenas agregó que desconoce si la controversia fue admitida por los ministros para analizarla. Por separado, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez, indicó que desconoce los alcances que pueda tener dicha controversia.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ