Cuernavaca.- La crisis de los desaparecidos en Morelos escalará a los niveles de la diplomacia internacional durante la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un evento que activistas locales consideran un punto de quiebre para modificar las actuales estrategias de búsqueda en el estado.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) señaló que la intervención de estos organismos internacionales no debe verse como una simple evaluación de control, sino como una ventana crucial para obtener asesoría especializada y tecnología de punta.
José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM, detalló que la intervención internacional permitirá el intercambio de experiencias exitosas aplicadas en otros países que han pasado por emergencias humanitarias similares.
La alarmante radiografía de los desaparecidos en Morelos
El panorama local es crítico y los datos oficiales confirman que la problemática lejos de disminuir, se mantiene vigente en los principales municipios de la entidad.
De acuerdo con la base de datos nacional de seguridad pública, actualmente existen 2 mil 38 personas desaparecidas y no localizadas en el territorio morelense. Lo alarmante es la aceleración de los casos en la historia reciente del estado.
Los registros oficiales detallan que el 73 por ciento de la cifra total, equivalente a mil 475 personas, se denunciaron en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2026, evidenciando un repunte en la última época.
El perfil de las víctimas en el estado
Las estadísticas del registro nacional permiten identificar con claridad el perfil de la población que sufre este delito en las distintas regiones de Morelos.
El 70 por ciento de los ciudadanos desaparecidos corresponden al género masculino, sumando un total de mil 412 casos vigentes. Por otro lado, las mujeres representan el 30 por ciento restante, con 606 registros en la base de datos.
La tendencia violenta no se ha detenido durante este año, ya que las autoridades locales contabilizaron 67 nuevas desapariciones tan solo en el periodo que comprende de enero a mayo de 2026.
Colectivos imponen la agenda de búsqueda
Martínez Cruz subrayó que el esfuerzo principal sigue recayendo en los colectivos de familiares, quienes recorren fosas y fiscalías para mantener el tema visible ante la opinión pública.
El activista mencionó que el verdadero reto actual es obligar a una coordinación real y efectiva entre las autoridades estatales, los peritos científicos y las familias de las víctimas.
Con el apoyo de la ONU, los defensores de los derechos humanos esperan que el gobierno mexicano sume capacidades técnicas que aceleren la identificación forense en los semefos de la región.