Atlatlahucan, Morelos.- Momentos de verdadera tensión vivieron habitantes de la colonia San Juan Texcalpan, la tarde de este domingo, luego de que elementos de la policía municipal de Tlayacapan instalaran un retén presuntamente ilegal dentro del territorio de Atlatlahucan.
La presencia de los uniformados fuera de su jurisdicción encendió de inmediato las alarmas entre la comunidad local.
Los pobladores comenzaron a organizarse de forma rápida tras recibir quejas contantes de conductores que transitaban por la zona limítrofe.
Denuncian cobros excesivos y amenazas
De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los agentes policiales retiraron motocicletas de manera arbitraria a varios ciudadanos.
Posteriormente, intentaron extorsionar a los conductores exigiendo sumas económicas que oscilaban entre los tres mil y cinco mil pesos en efectivo.
Para amedrentar a las personas, los policías aseguraban que, de no entregar la cantidad solicitada, la sanción formal superaría los 10 mil pesos, sumado a un cobro por arrastre de grúa cercano a los 12 mil pesos.
Policías operaban sin identificación
El enojo social escaló de manera considerable cuando los habitantes se percataron de un detalle grave: ninguno de los oficiales portaba placa de identificación ni gafete visible con su nombre.
Ante la rotunda negativa de los agentes para identificarse, los vecinos decidieron solicitar la intervención inmediata mediante el número de emergencias 911 para reportar la irregularidad.
En cuestión de minutos, decenas de colonos se congregaron en el lugar del operativo para encarar a los elementos y evitar que continuaran quitando vehículos.
Acuerdan llevar a los oficiales ante el MP
La concentración de ciudadanos generó un ambiente tenso en el que los reclamos por abusos de autoridad e invasión de jurisdicción no se hicieron esperar.
Tras prolongados minutos de discusión y negociaciones entre la comunidad enfurecida y los mandos policiales, se logró establecer un acuerdo para evacuar la zona de forma pacífica.
Se determinó que los policías de Tlayacapan involucrados serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la oficina de Asuntos Internos.
Dichas instancias serán las encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad penal y administrativa de los servidores públicos.
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