Cuernavaca.- El Congreso del Estado de Morelos aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal y a los organismos de asistencia social a eliminar de inmediato todos los requisitos que limitan el acceso a apoyos funcionales, ayudas técnicas y aparatos ortopédicos destinados a los adultos mayores y personas con discapacidad.
La propuesta, impulsada por el legislador Alberto Sánchez Ortega, busca que las autoridades eliminen cualquier traba burocrática que impida la entrega oportuna de sillas de ruedas, andaderas, bastones y demás insumos esenciales para la movilidad de los sectores vulnerables.
El llamado parlamentario obliga a revisar de forma profunda los reglamentos, lineamientos, criterios de elegibilidad y reglas de operación de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, el DIF Morelos y los 36 sistemas DIF municipales de la entidad.
Denuncian cobros y exclusión por edad
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, existen constantes quejas ciudadanas sobre candados administrativos en las dependencias públicas. Entre las anomalías detectadas destacan el establecimiento de límites de edad, cobros indebidos y la negación de apoyos a personas con padecimientos crónicos.
Por esta razón, la Cámara de Diputados local solicitó la modificación o eliminación formal de cualquier procedimiento administrativo o cuota económica que condicione, discrimine o excluya a los ciudadanos de estos derechos fundamentales por motivos de salud o edad.
La Suprema Corte fija postura sobre la inclusión
Durante su intervención, Sánchez Ortega subrayó que existen precedentes jurídicos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal del país ha determinado que es ilegal negar insumos de salud o programas de rehabilitación basándose en diagnósticos crónicos o en la edad avanzada de los solicitantes.
Frente a representantes de diversas organizaciones civiles que acudieron a la sesión legislativa, el diputado enfatizó que el acceso a la salud y a la movilidad no debe tratarse como un favor institucional, sino como un cumplimiento estricto a las garantías básicas de la población.
Con esta resolución, los 36 municipios y el gobierno central deberán reestructurar sus lineamientos para agilizar las entregas a quienes más lo necesitan.
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