Cuernavaca, Morelos.- Aunque los ayuntamientos de Morelos recaudan millones de pesos por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP), no siempre garantizan calles iluminadas para los ciudadanos. Ante esta situación, el Congreso del Estado exigió de manera enérgica a los 36 municipios asegurar el funcionamiento de las luminarias y cumplir cabalmente con el servicio que cobran puntualmente a la población.
La problemática del rezago en la infraestructura urbana afecta de manera constante a diversas colonias y comunidades del territorio estatal, donde los habitantes denuncian constantemente la presencia de vialidades en penumbras.
La falta de mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de iluminación se ha convertido en un reclamo social recurrente que pone en entredicho la eficiencia administrativa de las autoridades locales.
Obligaciones legales y manejo de recursos
El exhorto aprobado por el Poder Legislativo plantea de forma clara que las administraciones municipales tienen la obligación legal inexcusable de garantizar luminarias en óptimo funcionamiento.
Asimismo, deben hacerse cargo de la construcción, operación, mantenimiento y reparación de toda la infraestructura relacionada, debido a que son los únicos responsables de prestar este servicio básico.
Cabe destacar que los ayuntamientos reciben los recursos millonarios correspondientes al Derecho de Alumbrado Público (DAP) mediante los convenios de cobro establecidos a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Impacto directo en la seguridad ciudadana
El acuerdo parlamentario advierte con firmeza que la falta de iluminación adecuada afecta directamente la seguridad de la población, particularmente de los estudiantes que regresan a sus hogares por la tarde.
De igual forma, impacta con mayor gravedad a las mujeres que transitan por calles oscuras, donde enfrentan cotidianamente mayores riesgos de sufrir acoso, asaltos y distintos tipos de violencia callejera.
La penumbra en las esquinas y avenidas principales inhibe la movilidad peatonal y genera un ambiente propicio para la comisión de actos delictivos que merman la tranquilidad social.
Rechazan pretextos presupuestales
Además, el documento oficial establece tajantemente que la falta de recursos económicos no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia como justificación para incumplir con esta obligación constitucional.
Por el contrario, el Congreso exigió optimizar de manera eficiente el presupuesto destinado al servicio para garantizar resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.
Finalmente, el exhorto reconoce formalmente que el alumbrado público no es un lujo, sino un derecho humano fundamental vinculado directamente con la seguridad, la vivienda digna, la educación y el bienestar general de las familias morelenses.
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