Cuernavaca, Morelos.- El Tribunal Superior de Justicia enfrenta una grave crisis financiera que pone en riesgo el pago de salarios y pensiones de los trabajadores a partir de septiembre si las autoridades estatales no autorizan una ampliación presupuestal urgente.
El presidente del Órgano de Administración Judicial, Javier García Tinoco, advirtió que el panorama actual es crítico para la operación del Poder Judicial en la entidad.
Aunque el escenario ideal contempla una ampliación de 321 millones de pesos para necesidades operativas, el monto mínimo indispensable para no afectar a los empleados es de entre 160 y 190 millones de pesos.
El destino de los recursos solicitados
De este fondo de emergencia, cerca de 37 millones de pesos se destinarán de forma exclusiva al pago de jubilaciones pendientes en el estado.
Los restantes 120 a 150 millones de pesos permitirán cubrir la nómina completa de los trabajadores en activo durante el último cuatrimestre del año.
Actualmente se desarrolla el procedimiento previsto en el artículo 40 de la Ley de Contabilidad Gubernamental para emitir el dictamen financiero que sustente legalmente esta solicitud de recursos extraordinarios.
El Poder Judicial ya aplicó medidas de austeridad severas, entre ellas congelar entre 40 y 60 plazas mensuales derivadas de renuncias y jubilaciones del personal operativo.
Reducción del presupuesto afecta la operación
Estas vacantes no se cubren de inmediato, salvo en cargos indispensables y de alta prioridad como los jueces y secretarios de acuerdos dentro de los juzgados locales.
García Tinoco rechazó que exista margen para nuevos recortes debido a que el presupuesto asignado disminuyó en comparación con los recursos ejercidos en el periodo anterior.
Durante el año anterior el Poder Judicial recibió 840 millones de pesos, mientras que para este ciclo sólo fueron autorizados 833 millones de pesos en total.
Esta reducción ocurre a pesar del incremento constante en las obligaciones legales como las prestaciones de los trabajadores, los impuestos federales y el aumento de jubilados.
A la par de esta gestión, continúan los procesos legales correspondientes a las controversias constitucionales por fondos financieros que siguen pendientes de cumplimiento por el Estado.
De no concretarse la entrega de estos recursos económicos, los magistrados, jueces, administrativos y pensionados verán afectadas sus percepciones económicas de manera inmediata al iniciar el mes de septiembre.
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