Cuernavaca.- El Observatorio de Paridad y Violencia Política exige blindar a las aspirantes y erradicar la violencia política de género en Morelos de cara al arranque formal del proceso electoral 2026-2027.
Las autoridades electorales, corporaciones policiales, fiscalías y partidos políticos deben asumir un compromiso real para proteger la integridad física y los derechos políticos de los participantes.
Luz María López Trujillo, integrante de la Comisión Coordinadora del organismo, advierte que los riesgos aumentan considerablemente ante el nuevo esquema de paridad de género.
Un ejército de candidatas bajo amenaza
El nuevo marco electoral obliga a los 12 partidos políticos a registrar de manera exclusiva a mujeres para las alcaldías en 11 municipios del estado.
Adicionalmente, las instituciones políticas deberán garantizar postulaciones femeninas en otros 12 ayuntamientos, elevando la cifra a por lo menos 276 candidatas a munícipes.
Esta cifra no contempla a los decenas de aspirantes que competirán por las distintas diputaciones en el Congreso local de Morelos.
La activista resalta que la paridad de género no debe convertirse en una trampa ni colocar a los competidores en escenarios de alto riesgo.
No basta con abrir las candidaturas en el papel, sino garantizar condiciones reales para hacer campaña y ejercer los cargos públicos sin temor a sufrir agresiones.
Exigen activar filtros inmediatos contra violentadores
El Observatorio urgió al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) a dictar medidas cautelares inmediatas cuando detecte casos de acoso o intimidación.
Asimismo, piden revisar exhaustivamente el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres y ejecutar con firmeza la iniciativa "3 de 3 contra la violencia".
Bajo esta norma, ningún sujeto con sentencia firme por violencia sexual, agresiones de género o incumplimiento de pensiones alimenticias podrá aparecer en las boletas electorales.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) tiene la responsabilidad de resolver los juicios de protección ciudadana con perspectiva de género y absoluta celeridad.
El alarmante saldo de la violencia en ayuntamientos
El panorama actual refleja la urgencia de estas acciones, pues actualmente existen 23 denuncias penales por violencia política tramitadas ante la fiscalía estatal.
Todas estas querellas fueron interpuestas por funcionarias que se encuentran ejerciendo cargos públicos en el territorio morelense.
Sumado a ello, el IMPEPAC acumula un registro de 13 quejas administrativas ingresadas tan solo durante el último año de gestión.
Por ello, la exigencia se extiende directamente al Gobierno del Estado y a los 36 ayuntamientos para articular protocolos preventivos y operativos de resguardo.
Los partidos políticos, concluyó la representante, deben empezar por casa expulsando a cualquier perfil violentador para garantizar contiendas equitativas, pacíficas y transparentes.
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