MUJERES.
Las cifras presentadas por la Secretaría de las Mujeres no son solo estadísticas, son gritos de auxilio: mil 500 atenciones en lo que va del año confirman que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para cientos de morelenses.
Que el 911 se sature los fines de semana por violencia familiar es la prueba de que la crisis es estructural y que la atención psicológica y jurídica es, aunque vital, apenas un muro de contención ante una marea que no cesa.
Sin embargo, para que el acompañamiento de la Secretaría no sea un esfuerzo aislado, la justicia debe ser implacable, que es donde cobra relevancia la propuesta de la diputada Melissa Montes de Oca: la armonización de las leyes de Morelos con la Ley General en materia de feminicidio.
Esto no sería un simple trámite burocrático, sino la herramienta necesaria para que la violencia familiar deje de escalar hasta el desenlace más fatal.
Atender a la víctima es el primer paso, pero garantizar que su agresor no encuentre vacíos legales es el único camino para que el auxilio de hoy no se convierta en el feminicidio de mañana. La tarea es conjunta: protección en la calle y rigor en los tribunales.
EMPRESARIOS.
El mensaje de Eduardo Aguilar Ochoa de ADIEM es un recordatorio incómodo: el sector empresarial está cumpliendo con su parte al pagar el Impuesto sobre la Nómina, pero no ven retribución.
Los industriales ya no piden favores, exigen que el recurso que ellos generan se traduzca en patrullas, inteligencia y paz, no en más burocracia.