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LIMPIA.

Con esta nueva deten­ción, ahora del direc­tor de Catas­tro de Cuautla, pre­sun­ta­mente por extor­sión, queda en entre­di­cho la admi­nis­tra­ción muni­ci­pal.

Desde el alcalde, que ha sido cues­tio­nado e incluso está bajo inves­ti­ga­ción fede­ral por pre­sun­tos vín­cu­los con el cri­men orga­ni­zado, y las deten­cio­nes de varios ser­vi­do­res públi­cos de su admi­nis­tra­ción, entre ellos del área de Teso­re­ría y Obras Públi­cas.

Que un fun­cio­na­rio uti­lice la estruc­tura muni­ci­pal —la misma que debe­ría faci­li­tar el desa­rro­llo y la cer­teza jurí­dica— para pre­sun­ta­mente san­grar el bol­si­llo de los ciu­da­da­nos, es una trai­ción directa al man­dato popu­lar.

Este golpe llega en un momento donde la región oriente exige a gri­tos orden y segu­ri­dad. No basta con ope­ra­ti­vos en las calles si el ene­migo de la lega­li­dad des­pa­cha detrás de un escri­to­rio ins­ti­tu­cio­nal.

Queda al Ayun­ta­miento demos­trar con audi­to­rías rea­les que la ofi­cina de Catas­tro no era una caja chica de abu­sos. La trans­pa­ren­cia no se pre­gona, se ejerce; y hoy, la cre­di­bi­li­dad de la admi­nis­tra­ción local está bajo la lupa.

PLAZO.

En mayo, tres meses antes de que empiece la defi­ni­ción de can­di­da­tu­ras en Morena, los ser­vi­do­res públi­cos del Gobierno del Estado debe­rán dejar sus car­gos.

Es la ins­truc­ción de la gober­na­dora, a fin de que no ten­gan la ten­ta­ción de uti­li­zar recur­sos públi­cos en su pro­mo­ción.

Los pla­zos elec­to­ra­les inter­nos con­tem­plan encues­tas para defi­nir las can­di­da­tu­ras: agosto para aspi­ran­tes a dipu­ta­cio­nes fede­ra­les, en sep­tiem­bre para pre­si­den­cias muni­ci­pa­les y en noviem­bre para dipu­ta­cio­nes loca­les.

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Ezapata
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