LIMPIA.
Con esta nueva detención, ahora del director de Catastro de Cuautla, presuntamente por extorsión, queda en entredicho la administración municipal.
Desde el alcalde, que ha sido cuestionado e incluso está bajo investigación federal por presuntos vínculos con el crimen organizado, y las detenciones de varios servidores públicos de su administración, entre ellos del área de Tesorería y Obras Públicas.
Que un funcionario utilice la estructura municipal —la misma que debería facilitar el desarrollo y la certeza jurídica— para presuntamente sangrar el bolsillo de los ciudadanos, es una traición directa al mandato popular.
Este golpe llega en un momento donde la región oriente exige a gritos orden y seguridad. No basta con operativos en las calles si el enemigo de la legalidad despacha detrás de un escritorio institucional.
Queda al Ayuntamiento demostrar con auditorías reales que la oficina de Catastro no era una caja chica de abusos. La transparencia no se pregona, se ejerce; y hoy, la credibilidad de la administración local está bajo la lupa.
PLAZO.
En mayo, tres meses antes de que empiece la definición de candidaturas en Morena, los servidores públicos del Gobierno del Estado deberán dejar sus cargos.
Es la instrucción de la gobernadora, a fin de que no tengan la tentación de utilizar recursos públicos en su promoción.
Los plazos electorales internos contemplan encuestas para definir las candidaturas: agosto para aspirantes a diputaciones federales, en septiembre para presidencias municipales y en noviembre para diputaciones locales.