SE ACABÓ.
Durante años, el fantasma de los laudos laborales y las indemnizaciones atrasadas ha sido uno de los dolores de cabeza más recurrentes para las finanzas y la gobernabilidad de los municipios en Morelos.
Ante una sentencia judicial adversa, la respuesta institucional de los ayuntamientos solía ser una estrategia dilatoria tan conocida como ineficaz: acudir al Congreso del Estado a solicitar una ampliación presupuestal —a sabiendas de su improcedencia— únicamente para exhibir dicho trámite ante los tribunales y ganar al menos 60 días de prórroga en el cumplimiento de los pagos.
Esta simulación administrativa, que sólo postergaba lo inevitable y saturaba el aparato legislativo con gestiones ficticias, encontró finalmente un alto normativo.
LEY.
En nuestra sociedad, hablar de la muerte sigue siendo uno de los tabúes más arraigados, incluso cuando se trata de planificar con serenidad y lucidez la atención médica que deseamos recibir en el ocaso de nuestra existencia. Por ello, resulta tan oportuno como necesario el ejercicio de análisis convocado recientemente por la CDHM en torno a los alcances, retos y perspectivas de la Ley de Voluntad Anticipada.
Aunque esta legislación representa un avance fundamental para garantizar la dignidad humana y la autonomía de las personas frente a enfermedades crónicas o terminales, en la práctica sigue siendo una herramienta poco conocida y escasamente utilizada. Con frecuencia se confunde con prácticas distintas, cuando en realidad su espíritu es sumamente claro y humano: permitir que toda persona, en pleno uso de sus facultades, decida de manera libre e informada si acepta o rechaza tratamientos paliativos.
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