Palacio de Cortés.- SANCIÓN. Si algún concesionario o chofer creyó que colocar anuncios falsos en las unidades era una forma ingeniosa de cobrar más, conviene recordar que no se trata de una simple ocurrencia. Utilizar logotipos oficiales para hacer pasar información apócrifa como si fuera un aviso gubernamental cruza una línea grave: la del engaño deliberado a los usuarios.
Fraude en el Transporte Público de Morelos
No estamos ante un error de comunicación ni una confusión administrativa. Se trata de una práctica que busca aprovecharse de adultos mayores y de ciudadanos que confían en la información colocada en el transporte público. Peor aún, ocurre apenas unos meses después de que el sector obtuvo autorización para ajustar tarifas con el compromiso de mejorar el servicio.
La autoridad debe investigar hasta las últimas consecuencias quién diseñó, distribuyó y permitió la colocación de estos anuncios. De lo contrario, el mensaje será que en el transporte público cualquiera puede inventar tarifas, usar emblemas oficiales y engañar a los pasajeros sin consecuencia alguna.
La confianza ciudadana ya está suficientemente golpeada. Lo que menos necesita Morelos es un transporte donde también haya que adivinar cuáles avisos son verdaderos y cuáles son un fraude.
¿JUSTICIA? Pedir más recursos públicos no debería ser un problema cuando existen proyectos claros, metas medibles y beneficios visibles para la ciudadanía.
Lo que genera dudas es que el Tribunal de Justicia Administrativa pretenda duplicar su presupuesto, de 70 a 140 millones de pesos, mientras los proyectos anunciados representan apenas una fracción de ese incremento. La justicia administrativa es indispensable, pero también debe rendir cuentas.
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