Palacio de Cortés: Pobreza

POBREZA.

More­los enfrenta una rea­li­dad que durante años per­ma­ne­ció oculta entre cifras de cre­ci­miento urbano, desa­rro­llo inmo­bi­lia­rio y acti­vi­dad turís­tica: la per­sis­ten­cia de comu­ni­da­des sin acceso a ser­vi­cios bási­cos.

Como reco­noce el gobierno esta­tal, hoy exis­ten 860 loca­li­da­des con caren­cias en infraes­truc­tura ele­men­tal. Son miles de fami­lias que con­ti­núan viviendo sin agua pota­ble, dre­naje, elec­tri­ci­dad o acceso ade­cuado a ser­vi­cios de salud.

Cómo una enti­dad ubi­cada en el cen­tro del país, cer­cana a los prin­ci­pa­les polos eco­nó­mi­cos nacio­na­les, per­mi­tió que se ampliara la bre­cha social, y en muni­ci­pios con alto cre­ci­miento pobla­cio­nal y eco­nó­mico.

Lle­var ser­vi­cios bási­cos a las comu­ni­da­des más vul­ne­ra­bles debe con­ver­tirse en una polí­tica de Estado per­ma­nente, res­pal­dada por recur­sos sufi­cien­tes y con­ti­nui­dad admi­nis­tra­tiva.

TRIBUNAL.

La soli­ci­tud del Tri­bu­nal de Jus­ti­cia Admi­nis­tra­tiva para que el Con­greso ana­lice la posi­ble des­ti­tu­ción del alcalde de Tla­quil­te­nango va más allá de un caso par­ti­cu­lar. El tema de fondo es el res­peto a la ley.

Las reso­lu­cio­nes judi­cia­les deben cum­plirse, espe­cial­mente por quie­nes ejer­cen una res­pon­sa­bi­li­dad pública. De lo con­tra­rio, se debi­lita la con­fianza en las ins­ti­tu­cio­nes y en el Estado de dere­cho.

Ahora, el reto es demos­trar que en More­los nin­guna auto­ri­dad está por encima de las reso­lu­cio­nes de los tri­bu­na­les.

La for­ta­leza de las ins­ti­tu­cio­nes no se mide cuando todo fun­ciona bien, sino cuando la lega­li­dad debe impo­nerse por encima de inte­re­ses polí­ti­cos o per­so­na­les.