OMISOS.
El aumento al pasaje se aplicó sin demoras desde el primer minuto, pero el compromiso social de respetar la tarifa preferencial de cinco pesos a los adultos mayores sigue encontrando trabas en la calle.
Las denuncias ventiladas sobre choferes que condicionan el descuento, amedrentan o incurren en tratos humillantes hacia las personas de la tercera edad exponen una insensibilidad que no puede pasarse por alto.
Aquí los dirigentes del transporte público no pueden lavarse las manos ni escudarse en que son “hechos aislados” de unos cuantos operadores.
A las directivas de las rutas les toca involucrarse de fondo: sancionar internamente a los choferes señalados, supervisar sus unidades y capacitar a su personal en el trato digno.
Si los concesionarios cobraron el beneficio del alza a la tarifa, están obligados a garantizar el respeto a los acuerdos con la autoridad y con la ciudadanía.
DELITO.
La denuncia de la lotificación y venta ilegal de terrenos en áreas naturales protegidas de Tepoztlán destapa una red de despojo que no solo estafa a compradores, sino que atenta contra el patrimonio ambiental de Morelos.
Operar bajo el engaño de “ventas” en un municipio donde rige la propiedad comunal es un delito abierto que florece a la sombra de la desinformación y la falta de regulación estricta.
Le toca a las autoridades comunales, municipales y ambientales actuar con firmeza y presentar las denuncias penales correspondientes para desarticular a estos grupos; y no tolerar la urbanización salvaje en zonas de preservación.
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