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NUEVAMENTE.

El ase­si­nato del alcalde de Temoac, Valen­tín Lavín Romero, no solo enlutó a un muni­ci­pio, sino que encen­dió de inme­diato las alar­mas sobre los retos de segu­ri­dad y gober­na­bi­li­dad que enfrenta More­los.

Frente a un cri­men que atenta de forma directa con­tra las ins­ti­tu­cio­nes muni­ci­pa­les, el desa­fío real está en la can­cha de la pro­cu­ra­ción de jus­ti­cia.

En momen­tos donde la vio­len­cia busca deses­ta­bi­li­zar la paz social, la res­puesta del Estado debe ser con­tun­dente: cero impu­ni­dad, escla­re­ci­miento abso­luto de las líneas de inves­ti­ga­ción para devol­verle la tran­qui­li­dad y las garan­tías a la comu­ni­dad.

En dos oca­sio­nes, la Fis­ca­lía de More­los informó sobre la deten­ción de su sue­gra, Andrea Ange­lina “N”, exte­so­rera muni­ci­pal: pri­mero en 2024 y pos­te­rior­mente en 2025, en inves­ti­ga­cio­nes dis­tin­tas.

De acuerdo a medios nacio­na­les, el alcalde no estaba ale­jado de la polé­mica, seña­lan su pre­sunta vin­cu­la­ción al homi­ci­dio del acti­vista Samir Flo­res. En marzo pasado, el Frente de Pue­blos en Defensa de la Tie­rra pidió se inves­ti­gara al edil y a su pariente ‘La Patrona’.

Recor­dar que Lavín Romero había sido pre­si­dente muni­ci­pal entre 2019 y 2021.

SANCIONES.

El pro­grama Usua­rio Simu­lado ha dado sus pri­me­ros resul­ta­dos. Diez ope­ra­do­res del trans­porte público fue­ron san­cio­na­dos con mul­tas que ascien­den hasta los 5 mil 865 pesos.

El motivo: cobros inde­bi­dos o negar el des­cuento a adul­tos mayo­res.

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Ezapata
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