NECESARIO.
El anuncio del Gobierno del Estado para meter al transporte público al redil de la verificación vehicular es una urgencia.
Las 24 mil unidades de rutas y taxis circulan diariamente por el estado en la total opacidad ambiental. Ni una sola de ellas cumple hoy con la obligación de verificar sus emisiones.
Mientras al ciudadano común se le exige estar al corriente bajo la amenaza de multas y corralones, el gremio del transporte ha gozado desde que existe el programa de una patente de corso para contaminar el aire, con el eterno pretexto de la resistencia al cambio y la presión política.
CLAUSURA.
La LVI Legislatura clausuró el segundo periodo de sesiones de su segundo año de trabajos, en medio de una protesta del sindicato de trabajadores del Congreso como medida de presión para obtener sus demandas y más de seis por ciento de aumento salarial.
También hubo presencia de trabajadores sindicalizados de otros poderes ante la desinformación de que se aprobarían reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado sobre la creación del Instituto de Pensioes.
Ayer mismo, autoridades del Ejecutivo estatal y del Congreso declararon hasta el cansancio la inexistencia de ese proyecto de reforma en manos de los diputados.
De cualquier manera, es tiempo en que se empiezan a medir fuerzas ante la proximidad del inicio del año electoral y la presión para obtener privilegios que la economía del estado no aguanta.
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