MEDIDAS. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI arrojan un respiro estadístico para Morelos: la entidad se colocó por debajo de la media nacional en experiencias de corrupción durante 2025, registrando 13 mil 605 víctimas por cada 100 mil habitantes, frente a los más de 15 mil casos del promedio en el país.
Si bien hay una ligera tendencia a la baja respecto a 2023, la cifra no es para echar las campanas al vuelo. Que casi 14 de cada 100 ciudadanos que realizan un trámite sigan enfrentando el “moche” o la extorsión institucionalizada nos habla de un mal arraigado que requiere más que discursos para erradicarse.
El mismo estudio revela el verdadero nudo gordiano: apenas el 39.5 por ciento de los morelenses confía en su gobierno estatal. Esta brecha entre la ligera mejora matemática y la percepción ciudadana demuestra que la sociedad sigue escéptica.
La buena noticia es que la tecnología está ganando terreno como el mejor antídoto contra la opacidad; el hecho de que más de la mitad de la población (51.5%) ya interactúe con el gobierno vía internet confirma que, a menor contacto humano en las ventanillas, menor es el margen para la corrupción.
La ruta de la digitalización parece ser el camino correcto. VOLUNTAD. El salto de 400 a 4 mil estudiantes matriculados en la Preparatoria Abierta estatal es, sin duda, una de las mejores cartas credenciales que este subsistema educativo puede presentar.
Lograr que este modelo tenga presencia en los 36 municipios del estado rompe barreras de distancia y costo para quienes buscan superarse