LA LUCHA DEBE SEGUIR.
Las exequias de Gabriel Rivas Ríos dejaron algo claro, una exigencia de justicia y que las causas por las que peleaba no fueran olvidadas, ni por los que lo seguían, ni por aquellos a los que señalaba.
El anuncio que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo ayer sobre que citará a declarar a funcionarios y empresarios revela algo muy importante: la relación del asesinato del regidor de Cuernavaca y su labor como defensor del pueblo.
Sus allegados advirtieron que no dejarán que el trabajo de Gabriel Rivas pase a ser archivado como si nada hubiera pasado y si es necesario, acudirán a las instancias federales para que tomen cartas en el asunto.
Como funcionario, Gabriel Rivas sabía que tenía que pisar algunos callos si quería hacer su labor correctamente y no tenía empacho de hacerlo, tal y como lo señaló en sesión de cabildo.
Que otros empleados del ayuntamiento se hayan acercado a él para decirle que no debía meterse en ciertos temas no sólo refleja la cobardía de estas personas, pone en evidencia cuan débil es la voluntad, no sólo de los aludidos, sino de la gran mayoría de empleados de gobierno.
En estos días en los que los funcionarios prefieren hacerse de la vista gorda -ya sea por beneficio, miedo o servilismo- Gabriel era de los que afrontaba el problema, de los que levantaba la mano para señalar irregularidades y fallas en la administración pública.
Por mera congruencia a lo que dicen ser, esos funcionarios viles y cobardes deberían presentar su renuncia de inmediato, no esperar a que los ciudadanos la exijan, pero queda claro que hasta para eso necesitan valor. Y no lo tienen.
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