LLAMADO.
Pocas cosas generan tanta frustración como descubrir que recuperar un vehículo del corralón cuesta más que la propia unidad. Lo que debería ser un procedimiento administrativo temporal se ha convertido, según numerosas denuncias ciudadanas, en una carga económica que afecta directamente el patrimonio familiar.
La gobernadora Margarita González Saravia puso nuevamente el tema sobre la mesa al urgir al Congreso a aprobar una reforma que regule el funcionamiento de los corralones en Morelos. Más allá del debate político, la discusión toca un problema real: cobros que en algunos casos alcanzan decenas de miles de pesos y que dejan a los propietarios prácticamente sin opciones.
Nadie cuestiona que existan sanciones para quien incumple la ley. Tampoco que un vehículo deba ser remitido a un depósito cuando así lo determina la autoridad. Lo que resulta difícil de justificar es que las tarifas, arrastres, maniobras y días de resguardo terminen generando cuentas que rebasan el valor comercial de motocicletas y automóviles.
Cuando eso ocurre, el castigo deja de ser proporcional. Se transforma en un problema económico y social. Muchas de las unidades retenidas son herramientas de trabajo. Un taxi, una camioneta de reparto o un automóvil particular representan ingresos, movilidad y años de esfuerzo.
La regulación que se plantea no debería verse como una confrontación entre niveles de gobierno, sino como una oportunidad para transparentar tarifas, establecer límites razonables y ofrecer certeza jurídica a los ciudadanos.
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