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ES TIEMPO.

La actual situa­ción jurí­dico-polí­tica en algu­nos muni­ci­pios deja ver lagu­nas en la legis­la­ción ante situa­cio­nes de ausen­cia de gober­nan­tes muni­ci­pa­les.

La esta­bi­li­dad y la gober­na­bi­li­dad en More­los no pue­den estar suje­tas a los vai­ve­nes jurí­di­cos o polí­ti­cos de quie­nes los enca­be­zan.

La reciente cap­tura y vin­cu­la­ción a pro­ceso del alcalde de Cuautla, sumada a las revi­sio­nes de suplen­cias que el Con­greso del Estado para Atlat­lahu­can y Tlal­ne­pantla, coloca a la admi­nis­tra­ción pública muni­ci­pal en un esce­na­rio de vul­ne­ra­bi­li­dad.

Cuando un vacío de poder se asoma, la ciu­da­da­nía es la pri­mera en pagar los pla­tos rotos. La pará­li­sis admi­nis­tra­tiva, la incer­ti­dum­bre en los ser­vi­cios públi­cos y, de manera más crí­tica, el debi­li­ta­miento de las estra­te­gias de segu­ri­dad local son ries­gos laten­tes que nin­guna demar­ca­ción se puede per­mi­tir.

El anun­cio del Gobierno del Estado sobre man­te­ner la gober­na­bi­li­dad en la zona oriente es un paso nece­sa­rio, pero la solu­ción de fondo y a largo plazo está hoy en la can­cha del Con­greso.

FISCALIZACIÓN.

La Comi­sión de Fis­ca­li­za­ción del INE informó que la mag­ni­tud del pró­ximo pro­ceso impli­cará fis­ca­li­zar entre 25 mil y 35 mil can­di­da­tu­ras a nivel nacio­nal, lo que repre­senta “un reto muy impor­tante que exige refor­zar capa­ci­da­des huma­nas, téc­ni­cas y tec­no­ló­gi­cas”.

La fis­ca­li­za­ción debe adap­tarse a nue­vas diná­mi­cas, como el cre­ci­miento de la pro­pa­ganda digi­tal, el uso de IA y la sofis­ti­ca­ción de los esque­mas de finan­cia­miento.

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Ezapata
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