DEUDA. La protección animal ha dejado de ser una causa aislada para convertirse en una demanda creciente de la sociedad. Cada vez son más los ciudadanos que denuncian casos de maltrato, exigen mejores condiciones para perros y gatos en situación de calle y reclaman autoridades sensibles y transparentes.
Lo ocurrido recientemente en Jiutepec con los perros Oslo y Negrita abrió un debate que va más allá de un caso particular. La principal inconformidad es por la falta de información oportuna que generó dudas, enojo y desconfianza entre vecinos y organizaciones defensoras de los animales.
Al mismo tiempo, las cifras de Cuernavaca muestran otra realidad preocupante: cientos de denuncias por maltrato animal se acumulan, mientras apenas una mínima parte llega a una resolución. Esto evidencia que existe una ciudadanía cada vez más participativa, pero instituciones que no responden con la rapidez y eficacia que la sociedad demanda.
La protección animal no puede limitarse a campañas de concientización ni a llamados a la denuncia. Requiere protocolos claros, transparencia en las decisiones públicas, seguimiento a los casos y capacidad para sancionar a quienes incumplen la ley. De lo contrario, la percepción de impunidad termina por desalentar la participación ciudadana.
Los animales no tienen voz propia. Por ello, corresponde a la sociedad y a las autoridades garantizar su bienestar. El reto para los gobiernos municipales no sólo es atender los casos que surgen día a día, sino demostrar que la protección animal es una política pública seria y no un tema secundario. La sensibilidad social ya cambió. Es momento de que las instituciones avancen al mismo ritmo.
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