LA BATALLA.
El aumento a la tarifa del transporte público ha reactivado un viejo frente de batalla donde la resistencia ciudadana se topa, de frente, con la insistencia de los concesionarios por rescatar un negocio que afirman asfixiado.
Sin embargo, esta vez el descontento de las colonias y colectivos ya no se queda solo en la queja callejera; ha encontrado un brazo técnico. La oferta de la Barra de Abogados para armar un amparo colectivo le da un vuelco al tablero, transformando la indignación social en una estrategia jurídica formal.
Mientras los transportistas argumentan el alza de insumos para mantener las unidades rodando, el ciudadano de a pie —que estira el salario mínimo para pagar dos o tres rutas al día— exige calidad antes que incrementos.
PENSIONES.
La iniciativa del Gobierno para sentar a los líderes sindicales y desmenuzar los alcances de la próxima reforma en materia de pensiones es un paso tan necesario como urgente.
En un estado donde el fantasma del colapso financiero ha rondado históricamente las arcas públicas debido a cargas históricas mal planificadas, abordar de frente la homologación con la política federal de topes salariales es supervivencia institucional.
Se sabe que este proyecto es una “bomba de tiempo” política. Por un lado, es financieramente indispensable para el estado; por el otro, requiere cirugía fina con las dirigencias sindicales del sector educativo, salud y burocracia para evitar paros o movilizaciones. alfombra: la existencia de jubilaciones VIP es un lujo insostenible para la realidad económica.