Palacio de Cortés: Agenda

AGENDA.

Con el arran­que del último año de la 56 Legis­la­tura comenzó el tiempo de las deci­sio­nes. Los dipu­ta­dos ten­drán sobre la mesa asun­tos que impac­ta­rán direc­ta­mente la vida pública de More­los: el Pre­su­puesto 2027, las leyes de ingre­sos muni­ci­pa­les y la com­pleja imple­men­ta­ción del nuevo sis­tema de jus­ti­cia civil y fami­liar.

El pre­su­puesto defi­nirá prio­ri­da­des de gobierno; las leyes de ingre­sos pon­drán a prueba la salud finan­ciera de los muni­ci­pios, y la armo­ni­za­ción del Código Nacio­nal de Pro­ce­di­mien­tos Civi­les y Fami­lia­res exi­girá recur­sos, capa­ci­ta­ción e infraes­truc­tura que difí­cil­mente podrán pos­ter­garse.

El men­saje de Isaac Pimen­tel parece reco­no­cer esa rea­li­dad: más que refor­mas de relum­brón, el Con­greso deberá con­cen­trarse en cons­truir acuer­dos y garan­ti­zar que los cam­bios lega­les ten­gan via­bi­li­dad en la prác­tica.

PROTOCOLOS.

La deci­sión de sepa­rar tem­po­ral­mente a tra­ba­ja­do­res denun­cia­dos por vio­len­cia sexual busca corre­gir una prác­tica que durante años fue común en escue­las y uni­ver­si­da­des: mover a la víc­tima y no al seña­lado. En prin­ci­pio, el cam­bio es correcto.

Sin embargo, el ver­da­dero desa­fío está en garan­ti­zar que se cum­plan. More­los ya acu­mula pro­to­co­los, decla­ra­to­rias, capa­ci­ta­cio­nes y uni­da­des de género.

La prueba será la volun­tad de rec­to­rías y auto­ri­da­des edu­ca­ti­vas para actuar cuando se pre­sen­ten casos con­cre­tos. Por­que los docu­men­tos pue­den que­dar archi­va­dos; la pro­tec­ción efec­tiva de las víc­ti­mas, no.