Cuernavaca, Morelos.- El Ayuntamiento de Cuernavaca no implementará ninguna acción informativa ni preventiva en los talleres de pirotecnia de la capital.
Así lo confirmó el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, tras la reciente explosión registrada en el poblado de Ocotepec.
El edil sostuvo que la supervisión de estos sitios compete exclusivamente a las autoridades federales, descartando cualquier intervención local.
Un saldo fatal que no frena la omisión municipal
El incidente ocurrió el pasado miércoles 29 de julio en el taller "Pirotecnia El Venado", ubicado al norte de la comunidad de Ocotepec.
El estallido cobró la vida de una persona y dejó a dos más lesionadas con quemaduras de diversa consideración.
Esta tragedia representa el segundo siniestro registrado en el mismo establecimiento en un periodo de solo dos años.
"Solo si la Federación nos lo pide", responde Urióstegui
Al ser cuestionado sobre posibles brigadas de orientación a los artesanos coheteros, el alcalde fue enfático en su postura deslindatoria.
Urióstegui argumentó que la comuna carece de atribuciones para inspeccionar o autorizar el funcionamiento de los polvorines capitalinos.
Puntualizó que el municipio solo actuaría en caso de recibir un exhorto formal o instrucción directa de una autoridad federal.
El contraste: Tultepec demuestra que sí se puede
La postura del Gobierno de Cuernavaca choca directamente con las políticas aplicadas en otros municipios con tradición pirotécnica de México.
En localidades como Tultepec, Estado de México, los ayuntamientos colaboran activamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).
Dichos municipios despliegan capacitaciones, brigadas informativas de protección civil y simulacros de evacuación sin violar la ley federal de armas.
Un debate urgente sobre la prevención local
Protección Civil del Estado de Morelos confirmó que el taller siniestrado operaba con los permisos federales correspondientes y en regla.
Sin embargo, el hecho reabrió la discusión pública sobre la falta de voluntad política de las autoridades municipales para prevenir desastres.
Especialistas señalan que socializar medidas de seguridad no vulnera el marco legal federal y salvaguarda la vida de los vecinos.
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