Un día de visita familiar terminó en tragedia en el Centro Penitenciario El Castillo, al sur de Mazatlán, Sinaloa. Rafael, un niño de apenas dos años, perdió la vida el jueves 8 de octubre de 2026 en el fuego cruzado entre personas privadas de la libertad (PPL). Su padre, recluido en el mismo centro, resultó herido y figura entre los lesionados. El saldo oficial de ese primer enfrentamiento fue de 10 fallecidos (nueve internos y el menor visitante) y 16 heridos, todos PPL. Menos de 24 horas después, una segunda riña dejó dos internos más muertos, elevando el total a 12 fallecidos en el reclusorio.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00-10:30 horas, en pleno horario de visitas, en los módulos 4 y 5. Las autoridades descartaron una irrupción externa armada y sostienen que se trató de una riña interna entre reclusos. Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, lo confirmó afuera del penal: “Es negativo que haya entrado un grupo aquí al penal”. El operativo interinstitucional (Guardia Nacional, Sedena, Marina con helicóptero, Policía Estatal y Municipal) recuperó el control. Las visitas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.
La historia de Rafael: dejó a su hijo con el papá para recoger a su hermano
De acuerdo con el relato que la madre proporcionó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa, presidida por Óscar Loza Ochoa, acudió al penal con Rafael para visitar a su pareja, el padre del niño, quien está privado de la libertad. En un momento salió momentáneamente para recoger a otro de sus hijos a la salida de la escuela y dejó al pequeño al cuidado de su papá. Al regresar, se encontró con las consecuencias del enfrentamiento.
La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, lamentó el hecho y confirmó que el padre resultó lesionado, aunque “no de gravedad”. “Nos duele mucho, es un bebé”, dijo. Ordenó el acercamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas con la familia, con protocolos de respeto. La CEDH acompaña a la madre en las diligencias ante la vicefiscalía zona sur para recuperar el cuerpo y ha dictado medidas cautelares. En un pronunciamiento oficial, el organismo condenó “enérgicamente” las violaciones a derechos humanos y llamó a garantizar seguridad, operatividad y gobernabilidad del centro.
¿De dónde salieron las armas? Fiscalía investiga ingreso y posible complicidad
Sinuhé Téllez López informó que se localizaron y aseguraron dos armas cortas calibre 9 milímetros. La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, precisó que en la riña del 8 de octubre se utilizaron armas cortas y largas (hay indicios balísticos de ambos), mientras que las dos muertes del 9 de octubre fueron por arma punzocortante. “Se está haciendo el trabajo relativo a los actos de investigación… del hecho de ayer tenemos aseguradas armas cortas y tenemos como indicios balísticos, recabados con arma larga y arma corta”, declaró.
Las autoridades no han explicado cómo ingresaron las armas. Téllez López señaló que la Fiscalía determinará si algún trabajador del penal facilitó su introducción. Se abrió carpeta de investigación por homicidio doloso y lo que resulte. Nueve de los 16 heridos del primer incidente ya fueron dados de alta; el resto permanece hospitalizado. Familias bloquearon de forma intermitente la carretera internacional México 15 exigiendo listas oficiales y comunicación, argumentando incomunicación y reportes de internos golpeados.
El contexto: ajuste de cuentas entre Los Chapitos y La Mayiza
Reportes periodísticos y antecedentes de seguridad señalan que el objetivo principal de la balacera del 8 de octubre fue Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, integrante de Los Chapitos (facción del Cártel de Sinaloa) y del clan de Los Hermanos Martínez, grupo señalado como generador de violencia en Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia. Aparece en listas de fallecidos como Eduardo Jonathan (módulo 5). Es hermano de Óscar Luciano Martínez Larios (“El Casco” o “El 81”, prófugo y señalado como jefe regional de Los Chapitos en el sur), Gabriel Nicolás (“El Gabito” o “El 80”, detenido en junio de 2026) y José Luis (“El Monstruo” o “El 51”, asesinado en 2015).
Desde el inicio de la guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza (o Los Mayos) en septiembre de 2024, se han registrado al menos ocho riñas en reclusorios sinaloenses, con víctimas ligadas al Cártel de Sinaloa. El Castillo, construido hace décadas, tiene capacidad para alrededor de 1.800 internos, pero aloja más de 2.200, con sobrepoblación y población mayoritaria por delitos graves (homicidios, tráfico de enervantes). En septiembre de 2026 ya había registrado otra riña con dos muertos por arma blanca.
Reacciones oficiales y medidas anunciadas
La mañana del 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia mañanera que se reforzará la seguridad en los penales de Sinaloa. “Estamos en contacto con la gobernadora (Graciela Domínguez) y se reforzará la seguridad”, dijo. El Gabinete de Seguridad federal colabora en las indagatorias. Domínguez Nava anunció la autorización para construir un nuevo centro penitenciario (con inversión 100 % federal, terrenos a cargo del estado, ubicación prevista en Culiacán) para “despresurizar” las riñas y fortalecer la infraestructura. “El pueblo de Sinaloa cuenta con el respaldo absoluto” del gobierno federal, publicó.
La Fiscalía continúa con necropsias, identificación de cuerpos y actos de investigación. El resto de la población penitenciaria “se encuentra bien”, según autoridades, que mantienen presencia al interior y exterior. La CEDH insta a generar canales de comunicación con familias y a investigaciones eficaces.
Este caso ilustra la fragilidad del sistema penitenciario sinaloense en medio de la disputa territorial del Cártel de Sinaloa. Mientras las autoridades prometen refuerzos y un nuevo penal, las familias de Rafael y de los internos heridos y fallecidos exigen respuestas claras sobre cómo un bebé de dos años, que solo iba a ver a su papá, terminó en el fuego cruzado, y cómo las armas llegaron a manos de los reclusos. Las investigaciones determinarán responsabilidades y si hubo omisiones o complicidades internas. Hasta ahora, los datos oficiales y de la CEDH son consistentes en el saldo principal, la edad del menor y el carácter interno del enfrentamiento.
Añadir Diario de Morelos como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.