CIUDAD DE MÉXICO. — El explosivo crecimiento del parque vehicular de dos ruedas en las calles mexicanas ha llevado a un punto de quiebre en materia de seguridad pública y vialidad. Con cerca de 10 millones de motocicletas circulando en el país —un incremento superior al 300% en la última década— y una estadística alarmante donde una de cada cuatro muertes por siniestros viales involucra a una moto, la Cámara de Diputados prepara la mayor sacudida regulatoria para el sector en su historia.
Encabezada por la diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, la ruta legislativa busca reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El objetivo central: terminar con la informalidad en el emplacamiento, exigir un seguro de responsabilidad civil obligatorio, profesionalizar el otorgamiento de licencias y poner un alto a los algoritmos de las plataformas de reparto que premian la velocidad por encima de la vida.
Sin embargo, las mesas de parlamento abierto realizadas esta semana en San Lázaro han desatado un intenso choque entre especialistas en seguridad vial, gigantes tecnológicos como Uber, Didi y Rappi, cadenas comerciales como Coppel, y los propios colectivos de repartidores.
Los 6 ejes clave de la nueva regulación para motociclistas
De prosperar los planteamientos presentados ante el Poder Legislativo, el panorama para comprar, asegurar y conducir una motocicleta en México cambiará de raíz bajo seis pilares fundamentales:
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Seguro obligatorio de responsabilidad civil: Ninguna motocicleta podrá circular sin una póliza vigente que garantice la reparación de daños a terceros y atención médica en caso de hechos de tránsito.
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Registro Nacional de Placas desde la agencia: Se busca crear un padrón interoperable a nivel federal para que toda unidad salga emplacada o con permiso oficial directamente del punto de venta, cerrando la puerta a la circulación sin registro.
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Dos tipos de licencias y fin a los permisos permanentes: Armando Pliego Ishikawa, integrante de la organización Céntrico, propuso dividir los permisos en dos categorías: uso particular (transporte personal) y uso comercial (herramienta de trabajo y reparto). Patricia Mercado adelantó que estas licencias tendrán una vigencia máxima de 5 años y exigirán un curso teórico-práctico obligatorio de educación vial previo a su expedición.
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Clasificación por potencia y Norma Oficial Mexicana (NOM): Jimena David Garza, gerente de Movilidad del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), planteó categorizar los vehículos en muy baja, baja, mediana y alta potencia, estableciendo requisitos técnicos y equipamiento específico según el cilindraje.
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Casco certificado desde la compra y protección a menores: Valentine Delleur (ITDP) y Georgina Leal Vallejo (Coalición Movilidad Segura) urgieron a homologar las normas internacionales de cascos, exigir que las tiendas vendan las unidades con el equipo de protección incluido y prohibir o regular estrictamente el traslado de niñas, niños y adolescentes en estos vehículos.
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Capacitación a agentes de tránsito: Para evitar abusos de autoridad, extorsiones o confrontaciones en operativos, la reforma contempla profesionalizar a los cuerpos policiales en el conocimiento de la nueva normativa.
El choque en San Lázaro: Apps de reparto vs. Repartidores y Diputados
Uno de los puntos más álgidos del debate se centra en la economía de plataformas. Tanto legisladores como especialistas advirtieron que los esquemas actuales de bonificación —que pagan más a quien entrega más pedidos en menos tiempo— funcionan como un incentivo directo para que los repartidores se pasen altos, invadan ciclovías y excedan los límites de velocidad. La iniciativa propone prohibir algoritmos e incentivos que fomenten la conducción temeraria y obligar a las aplicaciones a capacitar a sus socios.
Ante esto, las empresas tecnológicas encendieron las alertas en las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados:
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Rappi (representada por Fernando Cota e Isabella Mariño) advirtió que imponer licencias especiales, permisos adicionales y capacitaciones obligatorias levantaría una barrera económica que afectaría al 87% de sus repartidores, quienes se conectan de manera eventual un promedio de 4 horas semanales para complementar sus ingresos.
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Uber y Didi (a través de sus voceras Julia Ortiz Ríos y Martina Martínez Gómez) pidieron definir legalmente la figura de "intermediación digital" para delimitar responsabilidades y evitar lo que calificaron como una "sobrerregulación con topes y prohibiciones arbitrarias".
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La Alianza INN exigió diferenciar el reparto de mercancías del traslado de pasajeros en motocicleta, alertando sobre la duplicidad de trámites empresariales.
Por su parte, los trabajadores del volante fijaron una postura clara: no se oponen a la regulación, siempre y cuando no salga de sus bolsillos. Francisco Edgar Balderas González, vocero de Repartidores Unidos de México, condicionó la aceptación de una revista vehicular anual a que el trámite sea gratuito y homologado. Asimismo, los colectivos exigieron que las plataformas provean mochilas, cascos certificados y equipo de protección sin costo, además de denunciar disparidades en los exámenes de certificación, donde a los motociclistas se les llegan a aplicar pruebas de hasta 100 preguntas frente a las 20 que responden los automovilistas.
Tiendas departamentales proponen retener motos sin placas
La cadena comercial también asumirá nuevas responsabilidades. Durante el diálogo legislativo, representantes de Grupo Coppel propusieron que la ley faculte a los distribuidores y tiendas departamentales para retener físicamente las motocicletas vendidas hasta que el comprador acredite el pago y trámite de sus placas. En paralelo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) planteó que la obligación de emitir la constancia de homologación técnica recaiga directamente en los fabricantes e importadores.
Radiografía de una crisis vial en cifras
La urgencia de esta reforma responde a indicadores de salud pública que los especialistas califican como una epidemia silenciosa en las zonas metropolitanas y carreteras del país:
Indicador Vial en MéxicoCifra Oficial / Estimación
Motocicletas en circulación ~10,000,000 de unidades
Crecimiento del parque vehicular Superior al 300%
Siniestros viales registrados (2025) ~380,000 accidentes
Fallecimientos viales al año ~16,000 personas (46 muertes diarias)
Participación de motos en muertes viales 25% (1 de cada 4 fallecidos)
La diputada Patricia Mercado subrayó que el auge de la motocicleta no es un capricho, sino una válvula de escape ante las deficiencias del transporte público en México. "No hay que polarizar ni crear espacios de conflicto. Estamos tratando de encontrar el piso común para movernos con seguridad vial", enfatizó la legisladora, haciendo un llamado a los gobiernos estatales para que la regulación venga acompañada de mayor inversión en transporte colectivo de calidad.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley para motos?
De acuerdo con el calendario trazado por la Comisión de Movilidad, la ruta legislativa seguirá las siguientes etapas:
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Antes del 15 de diciembre de 2026: Fecha límite para presentar formalmente el paquete de iniciativas de reforma ante el Pleno, previo al cierre del actual periodo ordinario.
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Enero de 2027: Inicio de los trabajos de dictaminación conjunta con las comisiones de Salud, Comunicaciones y Transportes, Derechos de la Niñez y Adolescencia, y Economía.
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Febrero a abril de 2027: Discusión y eventual votación en el Pleno de la Cámara de Diputados durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Una vez aprobada en el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los congresos locales y gobiernos estatales contarán con un plazo de armonización para adecuar sus reglamentos de tránsito, costos de licencias y sistemas de emplacamiento.
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