El Gobierno del Estado a través de la Dirección General del Registro Civil dio cumplimiento al fallo que el juez séptimo de distrito otorgó, con lo que Aina Thaily Hernández Guzmán, de 23 años, cambió el nombre y sexo en su acta de nacimiento.
Luego de que se dio cumplimiento al fallo protector y se tiene por cumplida la ejecutoria dictada, se ordenó archivarlo como trámite concluido.
A su vez, la Dirección General del Registro Civil notificó al Oficial 01 de Xochitepec, para que haga la anotación correspondiente de manera oculta en el libro de origen.
El Gobierno del Estado ratifica su disposición de trabajar con apego a la legalidad, transparencia, pero sobre todo dar certeza en el derecho y acceso a la identidad.
Pero ahora deberán reparar el daño
La justicia federal ordenó a las autoridades de Morelos reparar el daño que le causó a una mujer transgénero el que el Registro Civil le haya negado su derecho a cambiar su identidad legal.
El representante de la asociación Equidad y Participación Ciudadana, Isidro Oñorve Sánchez, informó que se trata del primer caso a nivel nacional, en el que la justicia otorga la calidad de víctima a un miembro de la comunidad LGBTTTI, y ordena que se le repare el daño.
Se trata del amparo que la asociación promovió en noviembre, a nombre de Aina Thaily Hernández Guzmán, contra la negativa del Registro Civil a otorgarle una nueva acta de nacimiento con el nombre que ella decidió adoptar, acorde a su identidad como mujer.
Explicó que durante el juicio se solicitó al juez la reparación integral de la quejosa, en virtud de que la negativa fue una violación a sus derechos humanos.
La reparación tiene alcances para el Congreso de Morelos, cuyos diputados se han negado a aprobar cambios a la legislación local, que permitirían a cualquier persona transgénero o transexual, solicitar ante la autoridad competente el cambio de nombre y de sexo, sin necesidad de que tenga que promover un amparo.
Indicó que a partir de que el Gobierno del Este sea notificado da resolución, emitida la semana anterior, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tiene un plazo de 90 días para cumplir con la sentencia.
Se espera que la reparación sea integral, la cual, según la ley, incluye todos los perjuicios, sufrimientos que sean consecuencia de la violación de derechos humanos cometida por la dependencia señalada y por el Congreso.
Finalmente, Añorve Sánchez, subrayó que la sentencia es un precedente histórico para la comunidad LGBTTTI de Morelos, y para el país, y espera que otros seis juicios más, que están en desahogo, tengan una sentencia con el mismo sentido.