Cuernavaca, Morelos.- El Gobierno de Morelos arrancó de manera oficial los encuentros con los secretarios generales de diversos sindicatos para desmenuzar el impacto de la próxima reforma de pensiones y poner orden en las finanzas públicas.
El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, confirmó que estas reuniones buscan despejar dudas y construir el camino hacia la creación del nuevo Instituto de Pensiones del Estado.
Buscan frenar abusos en jubilaciones
La iniciativa estatal sigue los pasos de la reforma constitucional impulsada a nivel federal, la cual fija topes claros para que ningún excolaborador perciba ingresos excesivos que dañen las arcas públicas.
Salazar Acosta admitió que en el Poder Ejecutivo existen exfuncionarios cuyas pensiones superan por mucho el límite permitido, el cual se calcula en la mitad del salario bruto de la presidenta del país.
Actualmente, el tope federal ronda los 99 mil pesos mensuales, una cifra que varios pensionados en la entidad rebasan de forma alarmante, lo que hace urgente la regulación local.
Instalarán mesas de trabajo permanentes
Ante la incertidumbre y las versiones que circulan en plataformas digitales, el funcionario estatal exhortó a los empleados públicos a mantener la calma y no caer en desinformación generalizada.
"El objetivo de estas mesas es dialogar de frente con los trabajadores, escuchar sus inquietudes y construir un proyecto transparente", apuntó el titular de las finanzas.
El proceso se encuentra en su primera etapa, por lo que todavía no se cuenta con un cálculo final del ahorro económico que esto significará para el estado de Morelos.
Analizan estudios actuariales con los tres poderes
Para dar certeza legal y financiera, el diseño de las leyes secundarias requerirá de análisis profundos y estudios actuariales específicos que involucren al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los representantes sindicales, asesores y diputados locales tendrán voz en los siguientes foros para garantizar que los derechos adquiridos de la base trabajadora sean respetados conforme a la ley.
Con este primer acercamiento, el poder estatal intenta desactivar posibles protestas y asegurar un consenso amplio antes de enviar la propuesta definitiva para su votación en el Congreso local.