Cuernavaca.- El Gobierno del Estado de Morelos confirmó la creación de los nuevos Centros Integrales de Protección Civil y Auxilio Ciudadano, una estrategia clave que busca descentralizar los servicios de rescate y bomberos para garantizar una atención inmediata a la población en caso de siniestros o desastres naturales.
La gobernadora Margarita González Saravia detalló que este proyecto estratégico recibirá una importante inversión económica este mismo año. La finalidad es equipar a las regiones con herramientas modernas que eviten traslados largos desde la capital en situaciones donde cada segundo cuenta para salvar vidas.
Inversión histórica en equipamiento para municipios
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, la mandataria estatal explicó que estos espacios no serán solo oficinas administrativas, sino verdaderas bases operativas de respuesta rápida.
Cada uno de los centros regionales estará dotado con ambulancias nuevas, camiones de bomberos y herramientas de rescate especializado. Este equipo permitirá hacer frente a contingencias específicas de cada zona, desde accidentes carreteros hasta rescates en áreas de difícil acceso.
González Saravia aprovechó el encuentro para reconocer públicamente el esfuerzo y la dedicación de los cuerpos de rescate locales. Destacó el trabajo coordinado que los elementos realizan actualmente, en especial durante las recientes y complejas temporadas de incendios forestales y ciclones tropicales.
Coordinación estatal ante la llegada de las lluvias
Por otro lado, los encargados de la política interna y la seguridad civil en la entidad informaron que ya se toman las debidas precauciones operativas ante los fenómenos meteorológicos que se aproximan para los siguientes meses.
El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, junto con el coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, señalaron que las mesas de trabajo con los alcaldes de los 36 municipios son permanentes para activar los protocolos preventivos.
Los funcionarios estatales concluyeron que la prioridad actual es mitigar los riesgos de inundaciones o deslaves en las zonas identificadas como vulnerables, protegiendo así el patrimonio y la integridad de los ciudadanos ante la temporada de lluvias.