Cuernavaca. — En un pronunciamiento claro y enfático este viernes, Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura del estado de Morelos, rechazó de manera categórica las acusaciones de Ulises Bravo Molina, exdirigente estatal de Morena y medio hermano del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien aseguró públicamente que existe una persecución política orquestada desde el Ejecutivo estatal para influir en el Poder Judicial y agilizar su vinculación a proceso por el delito de violencia familiar.
García Chávez afirmó que la administración encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia actúa con total imparcialidad, respeto al Estado de Derecho y autonomía del Poder Judicial. Negó rotundamente cualquier contacto o comunicación con el magistrado Rafael Brito (identificado en algunas versiones como Rubén Brito en declaraciones previas) y descartó haber solicitado acelerar algún procedimiento legal en contra de Bravo.
“No hay sustento ni elementos probatorios”, enfatizó el funcionario en declaraciones a medios locales.Las declaraciones textuales de Javier García ChávezEn entrevista con reporteros, el jefe de la Oficina de la Gubernatura fue contundente:
“Por ética, por principios, por vocación y por formación histórica, no hay persecución política en este gobierno, ni de chiste la politización de la justicia. Negamos categórica y rotundamente esas versiones del señor Ulises Bravo”.
Sobre el supuesto contacto con el magistrado:
“Yo no tengo relación ni he tenido comunicación con el magistrado. Siempre hemos mantenido respeto a sus decisiones; el TSJ es un órgano autónomo y seguirá teniendo toda la libertad para la toma de decisiones. Aquí no se va a proteger absolutamente a nadie, sea el ciudadano que sea o el funcionario que sea”.
García Chávez calificó las acusaciones como una estrategia de distracción:
“Más bien considero que el propio Ulises Bravo está generando una cortina de humo para darle un giro político a lo que legalmente se debe establecer en la norma. Ni siquiera en el contexto que él explica alguna probable o mínima contradicción en materia electoral en la coyuntura electiva de la gobernadora tiene razón de ser”.
Las acusaciones de Ulises Bravo Molina
Ulises Bravo Molina, quien enfrenta un proceso penal por violencia familiar en agravio de su expareja Liu León Luna, declaró públicamente que el avance de su caso responde a una represalia política por diferencias con la actual administración, presuntamente relacionadas con procesos internos de Morena y designación de candidaturas.
Según Bravo, el magistrado Rafael Brito le habría comentado personalmente que “tenía que vincularme a proceso porque le dieron línea desde la oficina de la gubernatura de Javier García y la propia gobernadora”. El exdirigente morenista también denunció que su caso fue filtrado a los medios antes de la notificación oficial y aseguró contar con un amparo federal (303/2024) que, según versiones recientes, habría sido revocado o no impedido el avance del proceso.
Bravo acudió a los juzgados este jueves para recibir notificaciones y reiteró que se defenderá jurídicamente, negando los cargos y asegurando que nunca ejerció violencia contra su expareja.
Cronología verificable del caso judicial
El proceso contra Ulises Bravo Molina por violencia familiar tiene varios años de antigüedad:
- 2023-2024: Liu León Luna presenta denuncia por presuntos actos de violencia (incluyendo contra su hija, según versiones de la denunciante). Ulises Bravo niega los hechos y presenta pruebas en audiencias extensas.
- 5 de noviembre de 2024: La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (integrada por los magistrados Rafael Brito Miranda, Juan Emilio Elizalde y Martha Sánchez Osorio, según reportes de la época) revoca por unanimidad el auto de “no vinculación a proceso” dictado por el juez de primera instancia. Ordena reabrir el caso.
- Julio de 2025: La Segunda Sala del TSJ rechaza la prisión preventiva solicitada por la defensa de la víctima. Ulises Bravo continúa el proceso en libertad con medidas cautelares (firma periódica cada 15 días y prohibición de acercarse a la denunciante).
- Julio de 2026 (días recientes): Nuevas resoluciones judiciales (incluyendo intervenciones federales) reactivan o confirman el avance del proceso, lo que genera la reacción pública de Bravo y la respuesta del Ejecutivo estatal.
El caso se tramita en el fuero común de Morelos y se mantiene abierto. Bravo ha sostenido en todo momento su inocencia.Respuesta de la Gobernadora Margarita González SaraviaLa mandataria estatal también se pronunció este viernes y fue directa:
“Es un asunto que tiene que resolver porque enfrenta un proceso legal desde hace muchos años. Que lo resuelva él; nosotros no tenemos nada que ver”.
González Saravia añadió que Ulises Bravo “no tiene calidad moral” para acusar al gobierno de persecución política, recordando que se trata de un proceso derivado de una denuncia ciudadana por violencia familiar.
Contexto político y separación de poderes
Ulises Bravo Molina fue dirigente estatal de Morena durante el gobierno de su medio hermano Cuauhtémoc Blanco (2018-2024). La actual gobernadora Margarita González Saravia (también de Morena) asumió el cargo en octubre de 2024 tras un proceso electoral interno.
Las tensiones políticas entre sectores morenistas de Morelos han sido públicas en los últimos meses, especialmente en torno a candidaturas y liderazgos. Sin embargo, el gobierno estatal insiste en que no existe injerencia en asuntos judiciales y que el caso debe resolverse exclusivamente en el ámbito técnico-jurídico.
“Quien la hace la paga en Morelos. La decisión de la gobernadora es esa. Tenemos que fortalecer las instituciones”, concluyó Javier García Chávez.
¿Qué sigue?
El proceso judicial contra Ulises Bravo Molina continúa su curso en los tribunales de Morelos. La defensa del exdirigente ha anunciado que interpondrá los recursos legales correspondientes, mientras que la parte acusadora (Liu León Luna) ha exigido justicia en diversas entrevistas previas.
El pronunciamiento de Javier García Chávez refuerza la postura oficial del gobierno de Morelos de respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial y rechazo a cualquier forma de politización de la justicia.
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