Cuernavaca.- A pesar de los avances legales alcanzados durante más de dos décadas en la entidad, la discriminación contra la comunidad LGBT+ en Morelos persiste y se ha extendido de manera alarmante a los espacios digitales, donde aumentan los discursos de odio y las expresiones de violencia cotidiana.
Isidro Añorve, integrante del Comité Organizador de la Marcha Histórica por la Diversidad Sexual, advirtió que la marginación social continúa siendo una realidad silenciosa y estructural dentro del territorio morelense.
Avances legales insuficientes ante la realidad social
El activista explicó que reformas históricas como el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad de género y la sanción a las terapias de conversión no han logrado permear por completo en la convivencia diaria.
Señaló que las plataformas digitales se han transformado en el principal canal de agresión, donde proliferan mensajes de odio dirigidos a mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans y no binarias a través de cuentas falsas y bots.
Alertan por registro sombra de crímenes de odio
Respecto a los actos de violencia extrema, Añorve reveló que organizaciones civiles mantienen un registro independiente que contabiliza entre seis y ocho posibles crímenes de odio en el estado en lo que va del año.
Aclaró que esta cifra representa una estimación no oficial debido a que la reciente tipificación del delito aún no genera estadísticas consolidadas por parte de la Fiscalía General del Estado. La mayoría de las víctimas registradas en este seguimiento corresponden a mujeres trans.
Impunidad y rezago institucional en los municipios
Hasta la fecha, solo el asesinato de Dana Rodríguez, ocurrido en el municipio de Zacatepec, presenta un avance sustancial tras ser investigado bajo el protocolo de feminicidio, lo que permitió la detención del presunto responsable.
Finalmente, el representante de la diversidad sexual denunció que varios ayuntamientos mantienen abandonadas sus responsabilidades legales. Entre cuatro y seis municipios carecen de titulares en sus áreas de atención o terminan fusionando estas dependencias con la atención a adultos mayores y personas con discapacidad, violando la normativa que exige una dirección específica.
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