Cuernavaca, Morelos.- El estado de Morelos reguló de manera formal la prestación de servicios inmobiliarios con el objetivo central de brindar certeza jurídica en operaciones de compraventa y arrendamiento. La medida busca erradicar fraudes, proteger el patrimonio de las familias y cerrar el paso a comercios irregulares en el sector bienes raíces.
La nueva normativa fue aprobada por la LVI Legislatura e inscrita en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". A partir de su publicación, cualquier persona física o moral que brinde asesoría, comercialice o gestione inmuebles dentro de la entidad estará obligada a regularizarse.
Con esta legislación se crea el Registro Estatal de Personas Prestadoras de Servicios Inmobiliarios. Dicho padrón será administrado de forma directa por la Secretaría de Gobierno del estado para garantizar que solo agentes calificados operen en el mercado.
Requisitos de capacitación y licencias obligatorias
Para ejercer legalmente, los asesores deberán tramitar una licencia expedida por la autoridad estatal. Este permiso tendrá una vigencia de dos años y su renovación estará sujeta a la acreditación de cursos de actualización y certificaciones oficiales en materia inmobiliaria.
El nuevo marco regulatorio exige a los prestadores de servicio actuar con absoluta veracidad, transparencia e imparcialidad. Asimismo, tienen la obligación de permitir que sus clientes consulten a notarios, abogados o arquitectos antes de firmar cualquier contrato.
Uno de los ejes principales de esta ley es frenar la venta ilegal de terrenos ejidales y comunales. Estos predios suelen derivar en fraudes masivos debido a la falta de escrituración y al engaño de falsos promotores que lucran con la necesidad de vivienda.
Sanciones severas y vigilancia notarial
La Secretaría de Gobierno mantendrá facultades de inspección sobre las agencias e intermediarios. En caso de detectar irregularidades, la dependencia podrá aplicar apercibimientos y multas que van desde las 150 hasta las 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Las penalizaciones también contemplan suspensiones temporales de 10 a 90 días o la cancelación definitiva de la licencia. Estas medidas severas aplicarán para quienes retengan dinero indebidamente, entreguen información falsa o cuenten con condenas por delitos patrimoniales.
Por su parte, los notarios y corredores públicos que operen en el territorio estatal deberán sumarse a las labores de vigilancia. Estarán obligados a reportar ante las autoridades competentes a cualquier intermediario que pretenda realizar trámites sin contar con la licencia vigente.
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