El Gobierno de México ha dado un nuevo paso legal en su intento de frenar el flujo de armas ilegales desde Estados Unidos hacia su territorio. En un movimiento sin precedentes, solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que revise una decisión judicial que desestimó su demanda contra varios fabricantes de armas estadounidenses. México acusa a estas empresas de facilitar, de forma negligente, el tráfico ilícito de armas, las cuales acaban en manos de grupos criminales responsables de miles de muertes en el país.
La demanda original, presentada en 2021, fue rechazada bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que otorga una amplia inmunidad a los fabricantes ante demandas civiles relacionadas con el uso indebido de sus productos. Sin embargo, México argumenta que estas compañías no son simples fabricantes, sino actores clave en una cadena de negligencia que cruza fronteras.
El gobierno mexicano sostiene que algunas empresas diseñan y comercializan sus productos con estrategias que atraen a compradores del crimen organizado. Además, señala que muchas de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de fabricantes estadounidenses.
Con esta apelación ante la Corte Suprema, México no solo busca justicia en su caso particular, sino también abrir el debate sobre la responsabilidad internacional de las empresas armamentistas y la necesidad de reformar leyes que, en su opinión, permiten la impunidad.
Este caso podría sentar un precedente relevante sobre la jurisdicción internacional, la responsabilidad corporativa transfronteriza y el alcance de las leyes estadounidenses en contextos globales de violencia armada.