Cuautla.- Una nueva irregularidad en la actuación del Ayuntamiento de Cuautla, encabezada por el alcalde Jesús Corona Damián, quedó en evidencia luego de que un juez de control determinara como ilegal la detención de dos funcionarios municipales, quienes finalmente recuperaron su libertad tras un proceso plagado de inconsistencias.
Mentiras en la comunicación oficial
Se trata de Félix Barrios Guillén, director de Catastro, y Karen Fernández, colaboradora de la misma dependencia, quienes fueron asegurados por elementos de la policía municipal el pasado seis de abril. A pesar de que el gobierno municipal difundió en dos comunicados que la detención fue por el delito de extorsión, la realidad jurídica fue otra.
Durante la audiencia, se confirmó que el Ayuntamiento engañó a la opinión pública, ya que la puesta a disposición ante el Ministerio Público fue únicamente por los delitos de resistencia de particulares y desobediencia. El juez concluyó que los elementos policiacos no cumplieron con los requisitos legales mínimos para privarlos de su libertad.
Sin pruebas de extorsión
El caso exhibe graves fallas en la administración de Corona Damián. El municipio sostuvo que un contribuyente había acusado a los funcionarios de pedir dinero a cambio de descuentos en trámites catastrales; sin embargo, se confirmó que el propio gobierno municipal no inició una carpeta de investigación por extorsión ni presentó pruebas que acreditaran dicho señalamiento.
Incluso, la administración sostuvo en un segundo boletín informativo que los detenidos fueron trasladados a la Torre XXI por extorsión, lo que contradice totalmente la imputación formal que se presentó ante la autoridad ministerial. Esta discrepancia deja ver una posible fabricación de delitos o un uso político de la fuerza pública.
Fallas en el procedimiento
La resolución judicial no solo dejó en libertad a los trabajadores, sino que evidenció el desconocimiento de los protocolos por parte de los policías municipales y la falta de rigor en la integración de expedientes.
Este revés jurídico pone bajo la lupa los procedimientos del gobierno de Cuautla, que en su afán de proyectar una imagen de combate a la corrupción, terminó vulnerando los derechos humanos de su propio personal sin sustento legal alguno.