Cuernavaca.- La modelo Karla Sotelo Miranda permanece en prisión preventiva desde hace más de tres meses en Cuernavaca, enfrentando un proceso penal por el delito de extorsión agravada. El caso inició luego de que señalara públicamente y ante las autoridades al político y empresario Juan Carlos Salgado Ponce por un presunto intento de abuso sexual ocurrido durante un viaje de trabajo y descanso en Costa Rica.
De acuerdo con las declaraciones de la afectada, durante la estancia en el país centroamericano, el empresario y su esposa ingresaron a su habitación intentando sostener relaciones sexuales sin su consentimiento. Tras oponer resistencia física y recibir ayuda de una acompañante, la modelo logró ponerse a salvo. Sin embargo, las secuelas psicológicas desencadenaron ataques de pánico y ansiedad que requirieron tratamiento especializado.
Al regresar a México, la modelo contactó a los involucrados para exigir una disculpa privada y la cobertura de los gastos médicos derivados del trauma. En respuesta, Salgado Ponce acudió a las autoridades para denunciarla por presuntas presiones económicas.
Proceso penal y posturas de la Fiscalía
La denuncia por extorsión quedó asentada en la carpeta FIDAI/325/2026 ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. Posteriormente, la defensa de la modelo presentó una querella por el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena en la carpeta SC01/6932/2026.
Durante la audiencia inicial, la jueza Yaredi Montes Rivera vinculó a proceso a la imputada dentro de la causa JC/1270/2026, dictando prisión preventiva oficiosa. La representación social sostiene que existieron mensajes con advertencias de exhibición pública y una transferencia monetaria de 10 mil pesos que sustentan el delito de extorsión.
Por su parte, los abogados defensores argumentan que los depósitos corresponden estrictamente al pago de terapias y que los peritajes psicológicos e informáticos presentan inconsistencias metodológicas que deberán desahogarse en las etapas de juicio correspondientes.
Exigencias de la familia y retrasos judiciales
El padre de la imputada, Carlos Sotelo Valdés, denunció ante medios de comunicación que el proceso ha sufrido múltiples diferimientos injustificados, acumulando retrasos desde la fecha límite de investigación fijada en agosto. Argumenta que existe la intervención de personajes con influencia política y económica que impiden un juicio imparcial.
La familia solicitó la intervención de las autoridades federales y del poder judicial estatal para revisar de manera exhaustiva las pruebas presentadas y garantizar la protección de los derechos humanos de la procesada durante el desarrollo de la causa penal.
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