Cuernavaca.- La elevada carga de trabajo mantiene a los juzgados de Morelos operando a marchas forzadas. Órganos jurisdiccionales en la entidad pueden acumular hasta 800 expedientes en trámite, mientras que jueces de control llegan a atender entre 20 y 30 audiencias en un solo día, advirtió el magistrado Rafael Brito Miranda.
Ante esta situación, el funcionario consideró necesario revisar de manera urgente el número de juzgadores que requiere la entidad respecto a su población. Actualmente existen únicamente entre 60 y 70 jueces distribuidos en las diferentes materias para atender a todo el estado.
Saturación y retraso en la resolución de casos
"Un juez no puede tener a cuestas más de 800 expedientes en trámite", señaló Brito Miranda. El magistrado explicó que estas cargas excesivas de trabajo dificultan cumplir con la rapidez que exige la ciudadanía en la resolución de sus expedientes procesales.
De acuerdo con estimaciones del magistrado, la demanda de justicia ha aumentado entre un 30% y un 40% en diversas materias. Sin embargo, precisó que el área de estadística del Poder Judicial deberá determinar con exactitud el porcentaje final de este incremento.
Materia familiar y penal asfixian al sistema
La materia familiar concentra históricamente la mayor carga de trabajo en la entidad, seguida por la materia civil y posteriormente la penal. En el ámbito penal se registra un alza constante debido al flujo de asuntos que son judicializados desde las áreas de procuración de justicia.
En el caso de la Primera Sala de Cuautla, ingresan diariamente entre siete y ocho asuntos de segunda instancia. Aunque la reciente creación de una segunda sala ayudó a reducir la presión en esa zona, el volumen de trabajo continúa en niveles críticos.
Falta de presupuesto frena la creación de juzgados
El magistrado sostuvo que la falta de presupuesto asignado limita cualquier posibilidad de crear nuevos juzgados o ampliar la plantilla laboral. Esta carencia económica impide dar respuesta al crecimiento acelerado de juicios en la entidad.
Finalmente, Brito Miranda consideró prioritario dirigir políticas públicas y recursos financieros hacia el fortalecimiento de los poderes judiciales locales. Sin una inversión presupuestal adecuada, la saturación continuará retrasando la impartición de justicia para las familias morelenses.
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