Cuernavaca.- La explosión de pipa en Las Granjas mantiene en incertidumbre a decenas de vecinos que exigen justicia y claridad sobre las indemnizaciones tras la tragedia.
No existe un monto económico definitivo para reparar el impacto provocado por la deflagración de la unidad de gas LP en la zona.
Así lo advirtió Eduardo Núñez, abogado penalista y representante legal de una de las familias directamente afectadas por el percance.
El especialista detalló que la cobertura económica no debe limitarse únicamente a reconstruir inmuebles o reponer muebles destruidos por el fuego.
El reclamo legal exige absorber gastos médicos acumulados, intervenciones quirúrgicas complejas, cirugías plásticas o estéticas y atención psicológica permanente.
Además, la cuantificación de los daños deberá contemplar el impacto directo en la capacidad laboral y los proyectos de vida de los vecinos lesionados.
Secuelas médicas e incertidumbre sobre la indemnización
El abogado explicó en rueda de prensa que fijar una suma determinada resulta imposible en este momento por la condición de los afectados.
Varios ciudadanos golpeados por la explosión permanecen hospitalizados bajo pronóstico reservado dentro de nosocomios de la entidad.
Los tratamientos médicos penas comienzan y los costos continúan elevándose día con día para los habitantes golpeados por la deflagración.
Ante este panorama, la estrategia legal busca garantizar los recursos financieros requeridos durante todo el proceso de recuperación de los heridos.
"La reparación integral debe responder a las necesidades que surjan durante el proceso, no solo a la emergencia inmediata", puntualizó el litigante.
Asimismo, se busca la restitución total de los inmuebles siniestrados que sufrieron severos daños en su infraestructura por la onda expansiva.
El marco legal y la exigencia directa a la Fiscalía
En el aspecto legal, Núñez recordó las herramientas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales para proteger a las víctimas.
El ordenamiento establece providencias precautorias iniciales de 60 días con el objetivo de garantizar los recursos económicos de los afectados.
Sin embargo, precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autoriza extender estos plazos cautelares el tiempo que resulte necesario.
Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que se cubran por completo las afectaciones físicas, emocionales y patrimoniales registradas en la colonia.
Por otra parte, los afectados manifestaron preocupación respecto al comportamiento procesal de la empresa propietaria del camión repartidor.
Hasta el momento, las víctimas ignoran si los representantes de la gasera comparecieron formalmente ante las autoridades correspondientes.
Tampoco existe certeza sobre si la firma entregó documentación del vehículo o si inició procedimientos para asumir su responsabilidad.
Finalmente, el representante legal lanzó un firme exhorto a la Fiscalía General del Estado de Morelos para acelerar el proceso.
Exigió la entrega inmediata de las copias de la carpeta de investigación a los agraviados para revisar los avances y deslindar culpabilidades.
Añadir Diario de Morelos como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.