Cuernavaca, Morelos.- Con el objetivo de derribar las barreras del idioma y asegurar que la ley se aplique con equidad, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos ha dado un paso decisivo. La dependencia integró a un abogado bilingüe experto en lengua náhuatl para representar a los ciudadanos de comunidades originarias.
Alejandra López Romero, titular del instituto, informó que esta incorporación es vital para fortalecer el acceso a la justicia. El nuevo defensor cuenta con amplia experiencia, pues colaboró previamente con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), lo que garantiza un trato digno y especializado.
Atención a casos vigentes
La funcionaria estatal detalló que la labor de este abogado no se limitará a las nuevas detenciones. El especialista dará seguimiento a quienes ya enfrentan un proceso judicial o incluso a los que ya recibieron una sentencia, asegurando que entiendan cada paso de su situación jurídica.
Hoy en día, la Defensoría Pública tiene bajo su lupa 51 asuntos relacionados con personas indígenas. La distribución de estos casos en el estado se concentra principalmente en la zona metropolitana con 38 expedientes, seguida por la zona oriente con siete y la región surponiente con seis.
Hombres, los más procesados
Las estadísticas del instituto revelan que la gran mayoría de estos procesos involucran a hombres originarios de Morelos. Aunque muchos de los implicados hablan español, López Romero subrayó que recibir asesoría en su lengua materna es fundamental para generar confianza y cercanía en momentos de crisis legal.
Antes de esta contratación, el sistema de justicia en la entidad carecía de un perfil con dominio técnico de lenguas indígenas. Esta carencia ponía en riesgo la transparencia de los juicios, ya que la comunicación clara es la base de cualquier defensa legal exitosa.
Inclusión total en la Defensoría
El plan de modernización de la justicia no termina con el náhuatl. La directora adelantó que ya se firmó un convenio con el ICATMOR para capacitar al personal en lenguaje de señas. En una primera etapa, cinco defensores públicos aprenderán esta habilidad para atender a personas con discapacidad auditiva.
Con estas acciones, el Gobierno de Morelos busca que ningún ciudadano se sienta solo frente al juez por no poder comunicarse, garantizando una representación digna y equitativa para todos los sectores de la población.