Cuernavaca.- En una escena de dolor y furia contenida, María Luisa Villanueva Márquez llevó a cabo una toma simbólica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La protesta escaló cuando decidió encadenarse a la estatua de la diosa de la justicia.
El motivo de la protesta fue el rechazo absoluto a la reciente resolución de la Sala Auxiliar, la cual le niega el reconocimiento oficial como víctima de tortura. Ante los ojos de los presentes, Villanueva Márquez prendió fuego al documento judicial.
La manifestación coincidió con el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, dándole una carga simbólica de gran peso a la exigencia de la mujer. Ella afirma que el Poder Judicial mantiene un error que arruinó su vida.
Un reclamo de 25 años ignorado por los jueces
María Luisa pasó 25 años y 26 días tras las rejas por un delito que, sostiene con firmeza, le fue completamente fabricado mediante el uso de la fuerza y métodos violentos.
La afectada calificó de indignante el criterio de los magistrados locales, quienes desestimaron el Protocolo de Estambul bajo el pobre argumento de que la prueba se elaboró muchos años después de lo sucedido.
Para la defensa y la propia víctima, este razonamiento carece de toda lógica científica y humana, ya que los traumas físicos y psicológicos de la tortura permanecen grabados de forma permanente en el cuerpo y la mente.
Pruebas ignoradas y el anuncio de una batalla legal
La mujer reprochó duramente que el expediente estuviera congelado durante siete meses en el tribunal, sólo para emitir un fallo que desglosó y analizó las pruebas de manera aislada, en lugar de hacerlo de forma integral.
Añadió que los juzgadores ignoraron una investigación formal que duró una década completa, así como una disculpa pública institucional que ya le había ofrecido la propia Fiscalía General del Estado en años pasados.
Finalmente, advirtió que el fuego en las escalinatas del tribunal es sólo el inicio de una nueva batalla, pues impugnará formalmente la resolución ante instancias federales y superiores para obligar al Poder Judicial a aceptar su responsabilidad.