Cuernavaca.- Los dos juicios en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por el predio La Cazahuatera no frenan el proceso de expropiación anunciado por el Gobierno de Morelos. Así lo confirmó el magistrado presidente del órgano jurisdiccional, Guillermo Arroyo Cruz, al precisar que ambos caminos legales corren por separado.
De acuerdo con el titular del tribunal, los procedimientos administrativos son completamente independientes de las determinaciones que tome el Poder Ejecutivo estatal. Por ello, la ruta de expropiación en la capital morelense puede desarrollarse de manera paralela sin que exista un bloqueo legal desde esta instancia.
El origen de las demandas inmobiliarias
Arroyo Cruz detalló que los dos expedientes están radicados actualmente en la Cuarta Sala del tribunal, bajo la responsabilidad del magistrado Manuel García Quintana. Dichos recursos fueron promovidos por empresas inmobiliarias en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca.
El motivo de la inconformidad empresarial radica en la negativa de la autoridad municipal para otorgarles una licencia. Sin embargo, el presidente del TJA aclaró los alcances reales de su intervención en este conflicto urbano y ambiental.
El tribunal únicamente evaluará si la negativa del municipio se ajustó estricto a la legalidad. Guillermo Arroyo enfatizó que el TJA no tiene facultades legales para conceder permisos de construcción, autorizaciones ambientales ni concesiones a los particulares.
Procesos continúan hasta 2027
“Los juicios tendrían que seguir su curso normal hasta este momento y no frenan el tema de la expropiación”, afirmó el magistrado presidente ante los medios. Explicó que los litigios seguirán activos mientras las empresas promoventes no soliciten formalmente su desistimiento.
Respecto a los plazos para emitir un fallo definitivo, estimó que este tipo de asuntos administrativos tardan aproximadamente seis meses en desahogarse. Bajo este cálculo, los expedientes relacionados con el predio cuernavacense podrían quedar resueltos durante el transcurso de 2027.
Aunque reconoció que desconoce el estado procesal exacto en el que se encuentran ambos casos en este instante, consideró que aún restan etapas importantes por cumplir. Entre los pasos pendientes dentro del litigio destacó el desahogo de la fase probatoria por las partes involucradas.
Finalmente, el titular del Tribunal de Justicia Administrativa reiteró la postura institucional de respetar las decisiones que ejecute el Gobierno de Morelos. Mientras tanto, el órgano mantendrá su labor enfocada exclusivamente en revisar la legalidad de los actos administrativos impugnados contra la comuna capitalina.
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