Cuernavaca, Morelos.- El sistema de justicia penal en el territorio estatal enfrenta un rezago histórico en la cantidad de carpetas de investigación que logran consolidarse ante un tribunal. La falta de efectividad en la integración de los expedientes provoca que la impartición de justicia local se concentre en resolver conflictos vecinales o familiares antes que perseguir los delitos de alto impacto.
Los datos oficiales revelan que la gran mayoría de las denuncias presentadas por los ciudadanos ante el ministerio público terminan archivadas o en acuerdos reparatorios, impidiendo que los presuntos criminales pisen las salas de audiencia oral.
El panorama estatal mantiene a la entidad en una posición de rezago institucional frente al resto de la República Mexicana, exponiendo las limitaciones operativas de las autoridades encargadas de procesar las conductas delictivas.
Morelos al fondo de la tabla en delitos judicializados
Las cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia, emitido por el INEGI, confirman que en la entidad los jueces recibieron un total de 2,630 delitos para iniciar un proceso formal de juicio.
Del total de los casos ingresados a las salas del Tribunal Superior de Justicia, 2,525 correspondieron a imputados adultos, mientras que solo 105 expedientes se canalizaron al sistema especializado para adolescentes.
Con este volumen de actividad jurídica, el estado se ubica muy por debajo de regiones con alta incidencia procesal como la Ciudad de México, Baja California o Michoacán, donde los jueces desahogan decenas de miles de carpetas anuales.
Pleitos de hogar y divorcios ahogan a los tribunales
El censo federal demuestra una tendencia clara sobre la verdadera carga de trabajo que arrastran las oficinas del Poder Judicial, desmitificando que las cárceles y los procesos criminales absorban la mayor cantidad de recursos humanos.
El 41 por ciento de los asuntos totales atendidos por los magistrados en el país pertenecen a la materia familiar, tales como trámites de divorcio, disputas por la custodia de los hijos y demandas por pensiones alimenticias de los padres.
En contraste directo con las problemáticas del hogar, los casos de carácter penal apenas representaron el 11.6 por ciento de las resoluciones, lo que evidencia que la violencia civil inunda las mesas de los litigantes estatales.
Presupuesto castigado frena la infraestructura jurídica
La baja efectividad y el número reducido de juicios iniciados coinciden con las limitaciones financieras que arrastra la institución encargada de administrar las leyes en los municipios morelenses.
En el rubro presupuestal, se dio a conocer que el Poder Judicial de Morelos ejerció un presupuesto de 951.8 millones de pesos durante el último ejercicio fiscal, una cifra que ata de manos el crecimiento de los juzgados de control.
Este techo financiero sitúa al estado en la parte media-baja de la tabla nacional en gasto operativo, limitando la contratación de más secretarios de acuerdos, jueces y defensores públicos para las comunidades.
Añadir Diario de Morelos como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.