Cuernavaca.- La investigación federal contra alrededor de 15 alcaldes de Morelos por presuntos vínculos con grupos delictivos debe avanzar con firmeza. Diputados locales exigieron cero impunidad y castigo penal para los funcionarios que resulten responsables de estos delitos.
Los legisladores locales coincidieron en que las indagatorias de las autoridades federales deben llegar hasta las últimas consecuencias. Señalaron que ningún actor político debe recibir protección de partidos o del gobierno del estado.
La postura del Congreso ocurre tras revelarse una lista de presidentes municipales bajo la lupa de la Fiscalía General de la República. El caso ha encendido las alarmas en los diferentes niveles de la administración pública de la entidad.
Operativo de meses bajo la lupa judicial
El diputado Daniel Martínez Terrazas afirmó que las averiguaciones forman parte de un operativo federal que lleva varios meses en desarrollo en Morelos. Consideró indispensable que la justicia actúe estrictamente con base en pruebas contundentes y sustento judicial.
Sostuvo que los implicados en conductas ilícitas deben enfrentar a los jueces, sin importar las siglas del partido en el que militen. Pidió evitar un manejo político o electoral del tema para garantizar la transparencia del proceso.
Añadió que, en caso de comprobarse las responsabilidades correspondientes, los servidores públicos involucrados deberán ser vinculados a proceso penal de inmediato y conforme a los códigos vigentes.
Municipios en la incertidumbre total
Respecto al impacto institucional en el estado, Martínez Terrazas reconoció que existe una grave situación de incertidumbre en las localidades afectadas. La gobernabilidad de los municipios pende de un hilo por los procesos judiciales.
Ante este panorama, el Congreso de Morelos busca otorgar certidumbre jurídica a los ciudadanos de las regiones afectadas. Para ello, los diputados ya preparan la aplicación de mecanismos legales para suplir las ausencias definitivas de los alcaldes.
Por su parte, la diputada Jazmín Solano López consideró positivo que los servidores públicos sean sometidos a un riguroso escrutinio. Señaló que los señalamientos deben traducirse en carpetas de investigación formales.
Exigen resultados concretos y justicia
La legisladora morelense sostuvo que en la entidad no debe permitirse la impunidad bajo ninguna circunstancia. Aseguró que las indagatorias deben responder únicamente a la obligación de garantizar la legalidad y la paz social.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas de circulación nacional que destaparon el caso, los nombres de los alcaldes ya comenzaron a filtrarse a la opinión pública, generando fuertes reacciones en las comunidades.
Entre los funcionarios bajo investigación formal se encuentran los alcaldes de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas; de Temoac, Valentín Lavín Romero; y de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, además de varios exfuncionarios estatales.