Ciudad de México.– Imagínese esto: después de 15 años de matrimonio, de noches en vela cuidando hijos, de renunciar a ascensos laborales para sostener el hogar, descubre que su pareja ha tejido una red de mentiras y aventuras paralelas. El divorcio llega como un mazazo, pero la ley, fría e igualitaria, le obliga a dividir la casa, el auto y las ahorros que usted sola acumuló. ¿Justicia? Para muchas mujeres en México –y cada vez más hombres–, esto no es equidad, sino una revancha económica del traidor.
Esta no es solo una anécdota desgarradora; es el germen de una reforma que sacude los pasillos del Congreso de la Ciudad de México. Una iniciativa presentada esta semana por la diputada Elizabeth Mateos, de Morena, busca reescribir las reglas del Código Civil local: en casos de infidelidad, abandono o violencia conyugal, el cónyuge culpable podría perderse el 100% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. No más reparto 50/50 que premie al destructor del nido familiar. Bajo el lema "Traición, cero liquidación", la propuesta ha desatado un torbellino en redes sociales, desde memes virales hasta debates acalorados sobre el fin del matrimonio civil.
Mateos, una legisladora con trayectoria en derechos de las mujeres, presentó el proyecto el 16 de octubre ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La reforma propone adicionar una fracción V bis al artículo 267 del Código Civil para la Ciudad de México, aplicable exclusivamente a matrimonios bajo el régimen de sociedad conyugal –el más común en la capital, donde los bienes se acumulan "en comunidad" durante la unión.
Si un juez, con pruebas en mano (desde mensajes de WhatsApp hasta testimonios o peritajes psicológicos), determina que hubo faltas graves –infidelidad comprobada, abandono injustificado, violencia física, psicológica o económica, o incluso adicciones no tratadas que dañen al otro o a los hijos–, el infractor se quedaría sin derecho a la liquidación de esos bienes. El afectado, en cambio, se llevaría todo: la propiedad raíz, los vehículos, las cuentas bancarias conjuntas. "Quien ama, comparte; quien respeta, construye; pero quien traiciona, debe perder", sentencia Mateos en su exposición de motivos, un grito de guerra contra un sistema que, según ella, equipara al constructor con el demoledor.
Pero, ¿por qué ahora? Los números no mienten. En 2024, México registró 161 mil 932 divorcios, un 11.1% más que en 2015, con una tasa de 33.3 rupturas por cada 100 matrimonios –un record que refleja cómo el amor, en la era de Tinder y el estrés pospandemia, se deshilacha más rápido que nunca.
En la CDMX, la tendencia es aún más alarmante: los divorcios han crecido más del 30% en la última década, impulsados por un 67.2% de casos "incausados" (donde no se especifica motivo, pero la incompatibilidad late debajo) y un 31.3% por mutuo consentimiento.
Sin embargo, detrás de esas cifras asépticas acecha la sombra de la violencia: el 39.9% de las parejas capitalinas reporta agresiones de género, según datos del Gobierno de la CDMX, y la infidelidad emerge como catalizador en al menos el 20% de las demandas judiciales, aunque rara vez se prueba por el estigma o la falta de recursos.
"La ley actual no castiga; divide. Y eso perpetúa el ciclo de impunidad", explica Mateos, quien cita testimonios de víctimas que, tras denunciar abusos, terminan en la ruina económica, luchando por manutención mientras el agresor se va con la mitad del botín.La propuesta no es un capricho populista. En un país donde el 43% de los primeros matrimonios terminan en ruptura –y donde las mujeres inician el 70% de las demandas, según estudios de la UNAM–, esta reforma podría ser un dique contra la desigualdad patrimonial que deja a miles en la pobreza post-divorcio.
Imaginen a Laura, una maestra de Iztapalapa de 42 años (nombre ficticio basado en casos reales recopilados por ONGs como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria): abandonada por su esposo tras una aventura de años, vio cómo la mitad de la casa familiar –comprada con su salario mientras él "emprendía" en bares– se evaporaba en juicios eternos. "Me quedé con deudas y él con una nueva vida. ¿Dónde está la justicia?", confiesa en foros anónimos de Facebook, eco de miles de voces que claman por reparación.
En X (antes Twitter), la iniciativa ha explotado como pólvora. Un post, que viralizó el tema con emojis de corazones rotos y billetes volando, acumuló miles de interacciones en horas: "¡Golpe a los infieles!", celebran algunos, mientras otros lo tildan de "el fin del matrimonio civil" o un "arma de venganza personal" –alusión velada a que Morena, con mayoría en el Congreso, podría impulsarlo sin contrapesos. La diputada Mateos responde con serenidad en su cuenta oficial: "No es revancha; es equidad. Protege a hijos y víctimas, sin importar género".
Críticos como el usuario @muro_simon advierten: "¿Quién se atreverá a casarse ahora? Esto desincentiva la unión legal".
Y en el espectro opuesto, activistas feministas en Instagram lo aplauden como "un paso hacia la sororidad patrimonial", aunque advierten que sin mecanismos para probar infidelidades digitales (como deepfakes o perfiles falsos), podría convertirse en un campo minado de demandas falsas.
Expertos en derecho familiar, consultados, ven potencial pero riesgos. "Es progresista: alinea con la Convención de Belém contra la violencia de género", opina la abogada Gabriela Cid de León, quien en un hilo viral de febrero pasado desmenuzó cómo el 50/50 actual ignora contribuciones desiguales en hogares tradicionales.
Sin embargo, el profesor de la UNAM, Dr. Javier López, alerta: "Podría saturar juzgados con pruebas subjetivas. ¿Cómo cuantificar el 'daño emocional' sin sesgos?".
Y en el fondo, la pregunta que titila como un emoji de oración: ¿disminuirán las infidelidades? Mateos lo cree: "El miedo al vacío económico frenará impulsos destructivos". Datos de estados como Nuevo León, donde reformas similares penalizan la violencia con multas patrimoniales, muestran una caída del 15% en denuncias de abuso post-2023 –un indicio esperanzador.
Pero esta no es solo una batalla por bienes; es un espejo de México fracturado. En una capital donde el 30% de los divorcios son "express" por mutuo acuerdo –y donde la violencia familiar dejó 1,200 feminicidios en 2024–, la iniciativa de Mateos podría ser el catalizador para un Código Civil que, por fin, pese el corazón en la balanza de la justicia.
Turnada ya a comisiones, su debate promete ser tan apasionado como un telenovela: ¿salvará matrimonios o los enterrará? Solo el tiempo –y los votos– lo dirán. Mientras, en las sombras de los chats y los juzgados, miles esperan que el desamor deje de costar tan caro.