Cuernavaca.- El Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) contra los transportistas por la falta de accesibilidad en el servicio público.
Beatriz Maldonado Fragoso, vocera del colectivo, señaló que la ausencia de unidades adaptadas viola de forma sistemática los derechos humanos de los ciudadanos con movilidad limitada, quienes quedan marginados del sistema de transporte.
La denuncia penaliza la insensibilidad de los concesionarios, quienes a pesar de las promesas oficiales, mantienen las pocas unidades adaptadas fuera de circulación o en condiciones insuficientes para operar en el estado.
Un amparo ganado que los transportistas ignoran
Maldonado Fragoso explicó que esta acción legal se sustenta en un amparo ganado previamente por el colectivo, el cual obliga a las autoridades y a los choferes a garantizar un transportistas por la falta de accesibilidad digno y eficiente.
Sin embargo, la realidad en las calles de Cuernavaca y el resto de la entidad es completamente distinta, ya que los operadores prefieren ignorar la legislación vigente antes que invertir en rampas o infraestructura.
La activista detalló que las leyes anteriores ya contemplaban la existencia de unidades con rampas especiales y descuentos obligatorios para los usuarios con discapacidad, pero los líderes transportistas jamás aplicaron estas medidas en beneficio de la población.
El alto costo de la exclusión en Morelos
La falta de un transporte público inclusivo impacta directamente en la economía de los afectados, quienes se ven obligados a buscar alternativas costosas para realizar sus actividades cotidianas.
De acuerdo con el colectivo, muchos de los ciudadanos con discapacidad deben gastar entre 300 y 400 pesos diarios en taxis o transportes privados para acudir a sus trabajos, escuelas o consultas médicas.
Esta situación resulta insostenible para la mayoría de las familias, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad: la falta de infraestructura urbana adecuada y el desgaste económico por la negligencia del gremio transportista.
Exigen sanciones severas para los concesionarios
Los miembros del movimiento acusaron directamente a los líderes camioneros de incumplir de forma deliberada con el porcentaje mínimo de unidades adaptadas que exige la ley estatal.
Aseguraron que las mesas de diálogo con el gobierno no han dado resultados reales, por lo que la intervención de la CDHM es el último recurso para obligar a los operadores a cumplir con sus obligaciones legales.
El colectivo advirtió que no retirará la queja hasta que se observen rutas adaptadas circulando de manera regular en los principales municipios del estado de Morelos.